CIPCA

A pesar de ser una de las regiones de mayor dinamismo en el país, la población de Piura cuenta con niveles bajos de desarrollo social, particularmente la población asentada en la sierra y en los valles costeños.

La alta ruralidad de la región (la gran importancia de la agricultura como fuente de ocupación y el patrón de poblamiento poco concentrado en grandes conglomerados metropolitanos), así como grandes diferencias en el nivel de cobertura de servicios de acuerdo a sus zonas, sugieren la importancia de la gestión del espacio local para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, para la planificación de la provisión de servicios públicos y para el desarrollo de las potencialidades particulares de los diferentes espacios.

Los espacios locales tienen dos características más. En primer lugar, son los ámbitos de gestión de las Municipalidades, los órganos de gobierno democrático más cercanos de la población. En segundo lugar, tras la crisis de las grandes representaciones sectoriales, son el espacio de encuentro y articulación de intereses y sustento de organización de la población.

El departamento de Piura está dividido en 8 provincias las que se subdividen, en total, en 64 distritos. Cada uno de ellos forma un Gobierno Local.

Su gestión no es fácil. El 42% de la población se asienta en unos 2,200 centros poblados fuera de las ciudades o pueblos capital. La concentración / dispersión de la población que deben atender los Gobiernos Locales es diferenciada según las diferentes zonas: muy concentrado en capitales en el litoral pesquero / petrolero; muy disperso en pequeñísimos y distantes núcleos, casi familiares de poblamiento en la sierra; una red de aldeas campesinas en los valles.

A pesar de que el marco constitucional vigente, define las Municipalidades como órganos de gobierno con “autonomía política, económica y administrativa” en sus competencias, y estas competencias son muchas, la centralización de las decisiones en el Ejecutivo Central y sus programas de intervención directa son muy grandes, así como son mínimas las transferencia de fondos a los municipios (del Presupuesto de la República de 2000, menos del 4% fue destinado a ser distribuido entre los más de 2,000 Gobiernos Locales del país).

Ello crea problemas a los Municipios y tiende a deslegitimarlos, frente a la invasión de obras locales que decide el Ejecutivo Central. Sorprendentemente, a pesar de que los Municipios cuentan con presupuestos restringidos y es el Gobierno Central quien controla la mayor parte de fondos de inversión local, la población espera mucho de sus autoridades locales y recibe como “dones” del Presidente y evidencia de su “eficiencia” las obras que el Ejecutivo “concede”, sin consulta ni prioridad.

Respuesta a la pregunta:
¿Quién debe resolver los problemas de la población?

El Gobierno Local	38%
El Gobierno Regional	32%
El Gobierno Central	15%
La población organizada	11%

Encuesta CIPCA - UPLAN

Efectivamente, las poblaciones locales identifican a sus Municipios como sus autoridades más cercanas y esperan que ellas mejoren sus condiciones de vida. Tras 20 años de elecciones democráticas, además, los criterios de elección de la población se han afinado y crecientemente se eligen alcaldes que proponen planes de gobierno y que invocan una legitimidad que, tras la crisis de los partidos políticos, no es ni ideológica ni de “liderazgo natural”, sino profesional. Estos alcaldes, están confrontados a gestionar con muy escasos recursos, grandes expectativas y carencias.

La población de bajos ingresos de la región, además, participa a su manera de ese rasgo común entre los menos favorecidos de la sociedad peruana: organizar-se. Padres de familia en torno a la escuela o para hacer gestiones que la hagan realidad; mujeres para viabilizar apoyos alimentarios a los niños o comedores populares; organizaciones “juveniles” que buscan tomar iniciativas para sus pueblos y abrirse espacio; “comités pro” algún servicio que falta en el pueblo (electrificación, puente, carretera, alcantarillado); asociaciones vecinales en cada “Asentamiento Humano” (urbanización popular). La expectativa de la población sobre esta nube de pequeñas organizaciones, no es la antigua expectativa de representación de grandes intereses, sino el encargo de realizar “gestiones”, que sin coordinación, se multiplican.

Mucho en la región, a nivel de sociedad civil local, dinámica de asentamiento poblacional, número de pequeños gobiernos locales, tiende a la dispersión. La producción de espacios de coordinación / concertación, la claridad de fines, la ordenada planificación de necesidades, servicios e inversiones, la identificación de formas en que la sociedad puede participar para apoyar la implementación de servicios ante recursos escasos, posibilitaría articular esfuerzos sociales, obtener beneficios para una población con altas carencias, y contrapesar las tendencias a la centralización autoritaria del poder, cuya contrapartida es la pulverización de la sociedad.

La alta visibilidad de los Gobiernos Locales con escasos recursos frente a enormes carencias de la población y la gran cantidad de pequeñas organizaciones, sugieren la necesidad de una clara planificación y una gestión altamente eficiente y participativa de sus servicios, así como una selección de inversiones muy bien dirigida, concertada con la población y complementaria a las que emprenden los municipios vecinos. Realizar una gestión municipal de esta manera, en la que se juega la posibilidad de la gobernabilidad democrática y una real incidencia en las condiciones de vida de la población más necesitada, requiere de organizaciones sociales con visión clara y de apoyos técnicos, a más de una actitud concertadora de los electos.