El presidente Alberto Fujimori en su mensaje por Fiestas Patrias del año pasado anunció la transferencia del sector educación (además del sector salud) a los gobiernos locales; planteamiento que sorprendió a muchos, dada su magnitud y complejidad. A la fecha, sin embargo, sigue pendiente de respuesta la interrogante sobre la modalidad concreta de esta transferencia.

La transferencia de servicios es una opción de los gobiernos bajo los marcos de una política de descentralización y desconcentración de las acciones del Estado. Evidentemente, estos procesos serán sostenidos y exitosos si hay municipios fortalecidos, de modo tal que las capacidades locales puedan efectivamente asumir en forma paulatina estas delicadas responsabilidades.

En este sentido, en nuestro país la transferencia del sector salud parece tener mayores expectativas de cristalización en base a la experiencia acumulada por los CLAS (comités locales de administración de servicios de salud), en los que desde hace varios años se han venido implementando mecanismos de participación de la población en la gestión y supervisión de los servicios de salud en diversos centros poblados.

Otra es la situación, en el caso del sector educación. En este tema los gobiernos locales han colaborado muchas veces en la construcción o mantenimiento de aulas, pero no en la gestión de la educación. Es cierto que resulta un reto interesante para cualquier alcalde con visión de futuro, pero es más cierto que constituye un área en la que el gobierno local cuenta con poca o ninguna experiencia.

Una idea, realmente simplista, que se podría tener de la transferencia municipal de la educación es que se reduzca a la sóla transferencia de fondos para el pago de planillas del profesorado local, lo que crearía la imagen de un aumento sustancial del presupuesto nacional destinado a las municipalidades. Esperamos que esta idea no prospere, y que la transferencia, pese a su complejidad, signifique mucho más, inscribiéndose en una perspectiva de real descentralización.