TALLER INTERINSTITUCIONAL

GESTION DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES

PIURA EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2000

El Análisis de Riesgo es una herramienta que permite hacer una clara identificación de amenazas y factores de vulnerabilidad en un escenario dado, y por lo tanto determinar los riesgos existentes, visualizando potenciales daños y pérdidas ante la ocurrencia de un evento peligroso.

El Análisis Sectorial de Riesgo que se presenta a continuación involucra las siguientes áreas:

Infraestructura y transporte

Agropecuario

Salud

Vivienda

En cada uno de estos sectores se analizan las condiciones de riesgo existentes a partir de la identificación de amenazas y factores de vulnerabilidad tanto en la zonas de la Costa como en la Sierra del departamento de Piura. Esta metodología ha permitido la formulación de una serie de propuestas encaminadas al desarrollo sostenible pasando por la reducción del riesgo existente.

A la hora de formular las propuestas sectoriales se han tomado en cuenta tres niveles de integración:

La solución de esta problemática no se circunscribe solamente a los espacios locales, las medidas deben ser coordinadas entre localidades vecinas, y a un nivel macro, entre localidades que compartan un mismo espacio geográfico.

En repetidas ocasiones son las mismas instituciones las que trabajan en una región y en otra, por lo tanto se deben buscar alianzas estratégicas en el desarrollo de propuestas más integradoras.

De manera general, cada sector (agropecuario, vivienda, salud e infraestructura y transporte) cuenta con propuestas técnicas, organizacionales, económicas, educativas, de planificación y capacitación.

De igual forma, se han propuesto un listado de instituciones y organizaciones que deberían participar en la reducción de estas condiciones de riesgo en Piura.

Trabajar desde una perspectiva de gestión del riesgo permitirá orientar las estrategias y actividades que llevan a cabo las instituciones, organizaciones y agencias internacionales de la región de Piura, hacia la reducción de las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad.

Como se ha manifestado a lo largo de este documento, este enfoque es una forma de intervención horizontal y no simplemente la suma de actividades de prevención, mitigación, preparación, rehabilitación o recuperación.

Las condiciones de riesgo en el sector agropecuario son múltiples, desde potenciales daños a los cultivos por inundaciones, deslizamientos o derrumbes, hasta afectación por plagas y enfermedades, incendios forestales o heladas. Esta situación obliga a hacer un análisis profundo de las condiciones de causa, que permita realizar propuestas integrales para disminuir la ocurrencia de desastres y generación de condiciones básicas para el desarrollo de la actividad.

De manera general, se puede señalar que el uso y manejo inadecuado de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), es la principal causa del aumento de las condiciones de riesgo, tanto en la región costera como en la sierra. Pero asimismo este factor es generado por una serie de condiciones económicas, sociales, políticas, educativas, tecnológicas, que inciden en la vulnerabilidad del sector, e incluso aumentan sus amenazas.

La ocurrencia año tras año de pequeños y medianos desastres, y de manera más intensa en los períodos FEN, está incidiendo también en la baja producción, calidad y precios de los productos agrícolas; en la reducción de terrenos de cultivo, pastos naturales, áreas forestales; y, en la pérdida de germoplasmas de especies de flora y animales. Incrementa también los problemas de seguridad alimentaria, desnutrición, morbilidad y mortalidad; aumenta el desempleo, e incluso obliga a la migración a zonas rurales o urbano-marginales, repitiendo o elevando las condiciones de riesgo. Y en el caso de proyectos, que no contemplen éstas variables, provocan el retraso y/o cese de sus actividades, y en ocasiones contribuyen al aumento de la vulnerabilidad.

Como se indica líneas arriba, el uso y manejo inadecuado de los recursos naturales, está incrementando las condiciones de amenaza en las zonas de costa y sierra. El proceso de deforestación de laderas de montaña y riberas de ríos y quebradas, está debilitando los suelos y los taludes, acelerando su erosión. Así son más frecuentes ahora, fenómenos como derrumbes, deslizamientos e inundaciones.

Por otro lado la reducción de la cobertura boscosa, aparentemente 1 está generando cambios microclimáticos, como la desestabilización de los regímenes de precipitación pluvial, que se percibe ya en la reducción de los períodos de lluvia, más cortos pero más intensos, lluvias intensas, que luego de períodos secos más largos, aceleran la erosión de los suelos.

Asimismo, se sienten cambios en las temperaturas, curvas altas y bajas, desfavorables para los cultivos agrícolas, siendo más frecuentes los fenómenos de sequía y heladas. Estos cambios bruscos de temperatura parecen coincidir, e incidir también, con cambios bruscos en la presión del¿ ambiente, generándose una mayor frecuencia e intensidad de vientos fuertes.

Por otro lado, los sistemas de monocultivo, y el alto e inadecuado uso de agroquímicos, parecen estar elevando la ocurrencia de plagas y enfermedades cada vez más resistentes.

Como se puede notar, es el ser humano el que está generando sus propias condiciones de riesgo.

La forma como se interviene en el ambiente, está elevando las condiciones de amenaza y la vulnerabilidad.

Los sistemas de cultivo no adecuados a las condiciones del medio, el proceso de deforestación de zonas de bosque para la ubicación de los terrenos de cultivos y pastos, o la contaminación de los recursos, suelo y agua (por agroquímicos y el vertido de deshechos), está incrementando la vulnerabilidad de la propia actividad agropecuaria.

La inadecuada ubicación de cultivos y pastos en terrenos de laderas de fuerte pendiente, o en las riberas de los ríos y quebradas, incrementa su vulnerabilidad a crecientes y a derrumbes y deslizamientos. En la temporada húmeda y seca se produce un sobrepastoreo y los animales mueren por rodamiento.

Se cuenta con sistemas de riego precarios, inadecuados y con poco mantenimiento; altamente vulnerables, y que se convierten también en una amenaza para los terrenos de cultivo.

Empleo de sistemas de cultivo y crianza (al libre pastoreo) no adecuados a las condiciones del medio, que generan una baja productividad y alta vulnerabilidad.

No se cuenta con semillas de variedades locales mejoradas, adaptadas a la variabilidad climática de la zona.

Escasa o inexistente implementación de medidas de prevención, cortinas rompevientos o defensas ribereñas para la protección de los terrenos de cultivo y de la infraestructura de vivienda y servicios, sistemas de control de taludes y laderas, terrazas de protección, cultivos en curvas de nivel y sistemas agroforestales.

Débil organización de los agricultores, para promover una producción, comercialización, e incluso agroprocesamiento, asociativo o compartido, que mejore los precios de venta y le dé un valor agregado a la producción, que amplíe la cobertura de la capacitación y asistencia técnica, y eleve el impacto de los proyectos.

No se valora en su verdadera dimensión la participación de la mujer.

Débil coordinación entre instituciones públicas y privadas, generándose duplicidad de funciones, desaprovechamiento de información y de capacidades humanas, y desperdicio de recursos económicos.

Política económica sectorizada y decidida centralizadamente, sin conocimiento de los problemas y necesidades reales de los agricultores en la región-

Debilidad en las instituciones encargadas del control de la deforestación y de la promoción de propuestas agroecológicas de solución.

Empezando por el bajo nivel escolar en las zonas rurales, el problema se acentúa por la escasa información, débil capacitación, e inexistente o inadecuada asistencia técnica a los agricultores. Sin embargo el problema se amplía también, a los técnicos e ingenieros agrícolas que desconocen o no toman en cuenta la capacidad del uso del suelo, e ignoran o no promueven sistemas agroecológicos en función de la oferta productiva; y, a las autoridades y funcionarios de las instituciones públicas y privadas, que desconocen que la solución del problema agropecuario debe ser una solución integral del desarrollo rural.

El sector rural es el más deprimido de la población, y por lo tanto presenta una mayor vulnerabilidad. Estas condiciones de pobreza, y la extrema desigualdad en la propiedad de la tierra, obliga muchas veces a la ocupación de terrenos inapropiados para el cultivo y crianzas, laderas de fuerte pendiente, o zonas de ribera cercanas a ríos y quebradas; y al empleo de inadecuados sistemas de cultivo (por ejemplo, cultivos anuales que no protegen al suelo de la erosión), por su escaso poder de inversión a mediano plazo.

El reducido tamaño de la propiedad, el bajo costo del suelo por su ubicación (lejana de los servicios básicos) o por su baja fertilidad, y la falta de títulos de propiedad, los hace inaccesibles al sistema de crédito formal (casi el único con que cuentan actualmente).

Su escasa producción, el bajo costo que pagan los intermediarios por los productos agrícolas y pecuarios, y la inexistencia o poco desarrollo de mercados locales, incrementa las condiciones de pobreza. Así la seguridad alimentaria está bastante limitada y la desnutrición alcanza niveles alarmantes, con pocos ingresos para el intercambio, y una baja producción para el consumo familiar.

La percepción de que los desastres son causados solamente por la fuerte intensidad de los fenómenos de la naturaleza, desvía la responsabilidad de los verdaderos agentes generadores de amenazas y condiciones de vulnerabilidad.

Así no se pone atención en evaluar el impacto de la intervención humana, o se trasladan modelos externos de sistemas de producción, sin adecuación a las necesidades de la población, las condiciones del medio, y a los recursos locales.

PROPUESTAS:

Implementación de un proceso de ordenamiento territorial, y de planificación concertada del desarrollo: que concilie las condiciones ambientales y la oferta productiva, con las capacidades organizacionales e institucionales, y los intereses de los pobladores. Este proceso debe ser participativo desde el inicio, para comprometer las responsabilidades de todos los actores del desarrollo; debe darse desde los niveles locales hasta el nivel regional; y, priorizar el nivel de cuenca como espacio intermedio de planificación.

Esta propuesta deberá ser puesta en marcha por todos los sectores del Gobierno Central, las municipalidades provinciales y distritales, las ONG's y las universidades.

Previamente se debe evaluar y promover las experiencias ya avanzadas: Mesa de Agricultura de la Coordinadora Interinstitucional, el Proyecto PAEN, CTAR/GTZ, y el programa de Manejo de Cuencas de PRONAMACHCS.

Para la implementación de un plan, debe motivarse una mayor coordinación entre las instituciones públicas y privadas, los gobiernos locales, la empresa privada, las organizaciones de base, y la cooperación internacional; con el objeto de evitar la duplicación de funciones y de acciones, compartir información, complementar experiencias, y hacer más eficiente el uso de los recursos.

Esta propuesta deberá ser promovida por el CTAR, el Ministerio de Agricultura y las ONG's de la región. Debe tomarse como punto de partida la experiencia de la Mesa de Agricultura de la Coordinadora Interinstitucional para el desarrollo de la Región Piura.

Fortalecer las capacidades de los agricultores para el aprovechamiento adecuado de sus recursos y la implementación de las estrategias propuestas, así como motivar su participación en todo el proceso. Es necesario además dar un seguimiento permanente, a través de la asistencia técnica, ampliar la capacitación agropecuaria con enfoque de gestión del riesgo, la formación profesional en Institutos Técnicos y Universidades; y la educación no formal de autoridades, y miembros de instituciones públicas y privadas.

Deben tomar parte de este esfuerzo, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, los Institutos técnicos Agropecuarios, las ONG’s con programas de capacitación, y el Ministerio de Agricultura.

Existen en la región experiencias exitosas desarrolladas por ONG's locales que deben tomarse como base para continuar estos procesos de capacitación y asistencia técnica.

• Sistemas de cortinas rompevientos, con especies de rápido crecimiento que protejan los cultivos en limpio, y la infraestructura de vivienda y servicios.

• Protección de riberas. A través de la reforestación con especies de rápido crecimiento y fuerte enraizamiento, de la promoción de cultivos permanentes o semipermanentes, y la construcción de obras de defensa ribereña. Una práctica permanente debe ser la limpieza de los cauces de ríos y quebradas y la protección de sus franjas marginales.

• Sistemas de conservación del suelo en laderas y riberas a través de sistemas agroforestales, de cultivos permanentes o semipermanentes; cultivos en curvas de nivel o en terrazas, que eviten o disminuyan la acelerada erosión del suelo.

• Protección de la cobertura boscosa de las cuencas altas, a través de la formación de comités ecológicos, con la participación de las organizaciones de la población e instituciones públicas y privadas.

• Tratamiento de los deshechos sólidos y líquidos, para su reutilización en la actividad agropecuaria y así evitar la contaminación de los recursos suelo y agua. Preparación de fertilizantes naturales, reutilización de agua para riego y filtros verdes.

• Manejo ecológico de plagas y enfermedades. Estas pueden ayudar a identificar lugares con problemas, y para combatirlas se debe entender primero por qué están ahí, qué desequilibrios las han generado; y tratar de no luchar "contra" la naturaleza (con agroquímicos por ejemplo), sino intentar trabajar "con" ella.

Pueden tomarse como referencia las experiencias de agroecología desarrolladas por instituciones como: Villa Nazareth, Centro IDEAS, SENASA, GTZ PAEN, CARE, CEPESER, para la zona de sierra. Y en la región costera: Plan Internacional, AIDER, CEPESER y el CIPCA. Esta propuesta debe ser promovida por el Ministerio de Agricultura, el CTAR, y la cooperación internacional.

Que incentiven el fortalecimiento organizacional de los agricultores hacia la producción, comercialización y transformación asociada; el mejoramiento, mantenimiento y administración de la infraestructura de riego; el mejoramiento de la dieta nutricional; y, el uso adecuado de los recursos naturales.

Deben promover esta propuesta, las ONG's (con programas de seguridad alimentaria, agricultura, educación y nutrición), los gobiernos locales, el Ministerio de Agricultura y las Juntas de Regantes.

Pueden tomarse como base las experiencias cercanas desarrolladas por, Ayuda en Acción, CARE, CEPESER y el PRONAA, en la sierra, y PIRWA en la costa.

Es necesario promover la investigación agropecuaria a través de las ONG's, de los colegios secundarios, de las universidades (carreras de ciencias, letras y educación), institutos técnicos y el Ministerio de Agricultura, como parte de la formación profesional; pero también con el objetivo de generar nuevas herramientas técnicas y metodologías que recojan los conocimientos locales, que sean más adecuadas a las condiciones del medio, y a las características socioeconómicas de la población. Deben participar de esta propuesta, los centros de educación secundaria y superior, las ONG's, y el Ministerio de Agricultura.

Estas investigaciones también pueden ser participativas empleando por ejemplo el Desarrollo Participativo de Tecnologías (DPT) y escuela de campo.

Pueden tomarse como referencia las experiencias ya desarrolladas por las ONG's e instituciones públicas mencionadas anteriormente, en la propuesta de medidas técnicas de prevención.

Como se refleja en el diagnóstico realizado, una de las causas principales de la generación de condiciones de vulnerabilidad y riesgo, es la falta de inversión en infraestructura de servicio a la producción: almacenes, sistemas de riego, vías adecuadas de comunicación, sistema de comunicaciones, lo que limita las posibilidades de desarrollo rural.

Es necesario que el Gobierno amplíe este presupuesto para los sectores rurales, y que a través de la administración del mismo por las municipalidades provinciales y distritales, se fortalezca el poder local.

Deben robustecer esta propuesta, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

El poder de inversión de los pequeños y medianos agricultores (en el que se debe incluir al sector pesquero), es mínimo por su débil capacidad de ahorro, y por su limitado acceso al sistema de crédito formal. Por lo tanto es necesario implementar sistemas de créditos alternativos, adecuados a las actividades primarias y a las condiciones socioeconómicas de la población, bajos intereses y a largo plazo.

Existen en el Perú y en la región, varias experiencias exitosas (especialmente desde el lado de las ONG's), que podrían adecuarse y replicarse en la Región Piura. Cuentan con experiencia de programas de créditos: Ayuda en Acción, (en Sierra y Costa) PIRWA, Programa PIMA, CIPCA-FODESA, CEPESER, PIDECAFE, Centro IDEAS en la Sierra.

Deben promover esta propuesta, el CTAR, el Ministerio de Agricultura y las ONG’s con experiencia en crédito rural.

CTAR

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Municipalidades provinciales y distritales

Organizaciones de base

Colegio de Ingenieros

Sector Educación

Universidad de Piura

Universidad Nacional de Piura

ONG’s (con programas de desarrollo rural, agricultura, seguridad alimentaria, educación y gestión local)

Ministerio de Agricultura

Institutos Tecnológicos

El FEN develó las elevadas condiciones de riesgo de la infraestructura en la región Grau, pero principalmente hizo notar que las gruesas fallas del sistema de inversiones de las instituciones del Gobierno Central, el centralismo en la toma de decisiones, la corrupción, el desvío de fondos, la inadecuada ubicación de la infraestructura, los ineficientes modelos de construcción, el poco mantenimiento de las obras, la falta de evaluaciones de impacto ambiental, entre otros, son causas de este elevado nivel de riesgo.

Es previsible así el deterioro y destrucción de infraestructura: vías de comunicación (corte de carretera y daños en caminos), redes de agua potable y alcantarillado, puentes peatonales, viviendas y edificaciones públicas (postas de salud, colegios, postes y redes de agua potable y alcantarillado), no sólo en periodos FEN, sino por la presencia de las lluvias anuales y los vientos fuertes frecuentes.

Estos daños no sólo afectan a la infraestructura sino a la economía local y regional, agricultura, comercio, turismo, pesca, aislando comunidades e incrementando las condiciones de pobreza de la población.

Las lluvias intensas son el principal detonador de las crecientes de ríos, drenes y quebradas y de los derrumbes y deslizamientos. Sin embargo en las últimas décadas este proceso natural se ha visto acelerado por la tala indiscriminada de los bosques, que ha elevado el nivel de erosión de los suelos en terrenos de fuerte pendiente, y ha debilitado los taludes en las zonas de ribera.

Por otro lado, las deficiencias en la construcción de la infraestructura: carreteras, redes de agua, represamientos, elevan también las condiciones de amenaza a inundaciones, (crecientes de ríos y quebradas) derrumbes (deslizamiento y erosión de riberas) que el ser humano ha contribuido a elevar.

Si bien no hay todavía un acuerdo absoluto entre los científicos naturales para señalar las causas, se sienten ya cambios en las condiciones climatológicas, a través de desequilibrios en los regímenes de lluvia, períodos más cortos de precipitación pero de mayor intensidad; y períodos más largos e intensos de sequía, régimen que favorece crecientemente a la erosión. Asimismo, la disminución del caudal de las fuentes de agua, por la deforestación en las cuencas altas, amenaza seriamente el tiempo de vida de las inversiones en sistemas de riego, redes de agua potable, e hidroenergía.

Otro cambio notorio, es la mayor presencia de vientos fuertes, que afecta las redes de cableado eléctrico, y los techos inseguros de la infraestructura de servicios y vivienda.

Uno de los principales factores para el incremento de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, es el manejo inadecuado de los recursos naturales, tanto en la región de Costa como en la Sierra. Así, el proceso de deforestación de laderas de fuerte pendiente y riberas de ríos y quebradas, el empleo de sistemas de cultivo no adecuado, o los cortes verticales de taludes en la construcción de carreteras, están acelerando los procesos de erosión, y poniendo en grave riesgo la inversión en infraestructura.

Por otro lado, los cambios en la cobertura boscosa, están generando desequilibrios en los regímenes pluviales, afectado la infraestructura de riego, hidroenergía y agua, al disminuir los niveles de caudal en largas temporadas, y en época de lluvia, bajar con material erosionado. Se hace imprescindible entonces, cambios de proceder de los actores del desarrollo y de la población en general, hacia una actitud ambiental más coordinada e integral.

Inadecuada ubicación de la infraestructura e ineficiencia en los sistemas de construcción empleados. La inversión en sistemas de riego (tomas de agua, represamientos, canales), carreteras (redes viales y puentes), energía 3 (estaciones de generación, redes), agua y desagüe 4 (fuentes, canales y derivación), regularmente no valoran las medidas de seguridad necesarias, ubicación y construcción eficiente, poniendo en riesgo la inversión misma, pero elevando también las condiciones de riesgo de la población: erosión de taludes, cortes de canales de riesgo, contaminación, incendios, entre otros.

A esto se suma el poco mantenimiento de la infraestructura, que va debilitándola continuamente. Muchas veces los pequeños desastres anuales aumentan la vulnerabilidad de la infraestructura, y al no analizar la situación correctamente, sólo se ponen paliativos, los cuales no resuelven el problema a largo plazo.

Por otro lado, existe también factor de vulnerabilidad por el déficit de infraestructura, servicios de agua y desagüe, o tratamiento de deshechos (que ponen en riesgo a la población ante enfermedades y epidemias); y, de redes viales, servicio de energía eléctrica, o sistemas de riego, los cuales no permiten a la población salir de los niveles de pobreza en que se encuentran.

En la mayoría de los casos, la población no se incluye en la toma de decisiones para la ejecución de la infraestructura, desaprovechando el conocimiento y experiencia local, y los recursos que ella dispone (que son mayores a la de mano de obra, de la cual se les limita).

Para ello es necesario conciliar los procesos de planificación de desarrollo y de fortalecimiento del poder local, los cuales muchas ONG’s y el mismo Estado están promoviendo, con la proyección de inversiones, para que la organización comunal priorice sus necesidades y participe de las decisiones de propuestas de solución.

Limitada coordinación entre las instituciones privadas y del Estado, en la ejecución de infraestructura y prestación de servicios, que genera duplicación de inversiones y desperdicio de capacidades.

Existe también limitada coordinación entre los distintos niveles de gobierno, autoridades comunales, municipalidades distritales y provinciales, gobierno regional e instituciones del gobierno central, generándose muchas veces competencias y conflictos entre ellas.

El centralismo en la toma de decisiones, desde las instituciones del Ejecutivo en la capital de la República, limita el poder del CTAR y de los gobiernos municipales, haciéndolos dependientes del Gobierno Central.

Por último, existe un limitado flujo de información entre las instituciones gubernamentales, la empresa privada, los organismos no-gubernamentales y la cooperación internacional

Ausencia de una cultura de prevención de riesgos y desastres, entre autoridades y población, que promueva la participación de todos los actores del desarrollo en esta temática.

La educación escolar y universitaria, y la capacitación profesional, no incluye la temática de gestión del riesgo, en la formación de técnicos, ingenieros, educadores o profesionales de las Ciencias Sociales.

Los escasos recursos económicos para la inversión en zonas rurales y urbano-marginales, derivados por el Gobierno Central limitan la infraestructura para estos sectores.

Por otro lado, el mal uso de los recursos, y la corrupción en la licitación y ejecución de las obras, reduce la inversión en seguridad de la infraestructura.

La percepción de que los desastres son causados solamente por la fuerte intensidad de los fenómenos de la naturaleza, desvía la responsabilidad del ser humano como agente generador de amenazas y de condiciones de vulnerabilidad.

Así no se pone atención en evaluar el impacto de la intervención, o las medidas de seguridad que requiere su inversión.

Asimismo, se considera que los modelos externos de sistemas de construcción, son los óptimos, y no se adecuan a las necesidades de la población, a las condiciones del medio y a los recursos locales.

PROPUESTAS:

Sobre la base de un plan de ordenamiento de la ocupación y uso del territorio⁵ entre las instituciones gubernamentales, CTAR, municipalidades provinciales y distritales, ONG’s, empresa privada organizaciones de base, se deben definir líneas estratégicas que orienten el desarrollo, a través de los programas y proyectos, y las áreas de mayor prioridad. Se deben asignar responsabilidades y elaborar los programas de inversiones.

De esta manera se evitaría la duplicación de acciones, y se haría más eficiente el intercambio de información, la atención de los sectores más necesitados, y el uso de los recursos económicos.

Se propone como espacio necesario para la planificación, el manejo y gestión integrada de cuencas. Nivel en el que las localidades comparten problemáticas similares o concatenadas, y en el que la solución de las mismas, permite compartir recursos y unir capacidades.

Implementación de un proceso que promueva la participación activa de los gobiernos locales y de la población en el análisis de su problemática, la planificación de su desarrollo, la toma de decisiones, y en la puesta en marcha de las líneas estratégicas de intervención.

Se aseguraría así la sostenibilidad de la inversión, ya que habría un sentimiento de pertenencia y apropiación por parte de la comunidad, y un mayor conocimiento para el mantenimiento y gestión de los servicios.

Por otra parte, se requiere fortalecer técnicamente a los Municipios distritales y provinciales, para que puedan desempeñar su papel de promotores o facilitadores del desarrollo, y para que estimulen la participación de la comunidad en la dotación de servicios, brindando asistencia técnica.

Deben promover esta propuesta las municipalidades provinciales y distritales, las ONG’s, el CTAR, y las organizaciones de base.

La evaluaciones del impacto social y ambiental de las inversiones debe ser colocado como una prioridad a cada nivel de gobierno (regional, provincial y distrital), para analizar las ventajas y desventajas de la inversión, asegurar su sostenibilidad y el uso adecuado de los recursos de la localidad.

Para ello se deben desarrollar metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación de Impacto social (EIS) accesibles a los niveles locales y que les permita hacer un análisis previo de la inversión por ejecutar en su jurisdicción, y hacer un seguimiento a la ejecución y al impacto que ésta pueda generar. Se debe promover paralelamente un sistema interinstitucional de control.

Deben impulsar esta propuesta las Municipalidades provinciales y distritales, las ONG’s, las universidades y los órganos de gobierno de inversión en infraestructura (FONCODES, INFES)

Se debe desarrollar un proceso de análisis del riesgo de la infraestructura ya montada (viviendas, redes viales, sistemas de riego, sistemas de agua, infraestructura de educación y salud), que permita realizar un plan de reducción de las condiciones de vulnerabilidad física y técnica, e implementarlo.

Esta metodología y práctica debe mantenerse como obligatoria para la ejecución de futuras inversiones. Los responsables de esta propuesta deben ser, la Civil, el Colegio de Ingenieros, las Universidades, las municipalidades provinciales y distritales, y las ONG’s.

Es necesario incentivar la generación de nuevas técnicas, herramientas y metodologías, en las distintas ramas de la ingeniería y de las ciencias sociales, que sean más adecuadas a las condiciones del medio y a las necesidades de la población, con miras al rescate de conocimientos y experiencias locales.

Así, tomando como base modelos externos y adecuándolos, se podrán diseñar sistemas de riego, redes viales, propuestas energéticas, sistemas de agua y saneamiento⁶ más adecuadas a las condiciones ambientales de la región y a las condiciones económicas de la población.

Las universidades, los institutos técnicos y el Colegio de Ingenieros, deben promover esta propuesta.

El alto déficit en la cobertura de servicios, eleva las condiciones de riesgo, y limita las posibilidades de desarrollo en la región. Se propone así elevar la inversión a través de:

• Ampliar la red energética a las zonas rurales y urbano-marginales, promoviendo propuestas energéticas de fuentes renovables. El Ministerio de Energía y Minas, las ONG’s con programas de desarrollo energético, el CTAR y las municipalidades provinciales y distritales deben tomar parte de esta propuesta.

• Ampliación y mejoramiento de la red vial, tanto de las vías primarias y secundarias; identificación de los puntos críticos e implementación de medidas de prevención. Protección y control de las franjas marginales de las vías. El Ministerio de Transportes, el CTAR, y las municipalidades provinciales y distritales, son los llamados a poner en marcha esta propuesta.

• Mejoramiento de los sistemas de riego y ampliación de su cobertura; identificación de puntos críticos e implementación de medidas de prevención. Deben responsabilizarse de esta propuesta, el Ministerio de Agricultura, las Juntas Regantes, las ONG’s (con programas de apoyo a la agricultura y seguridad alimentaria).

• Mejoramiento de los servicios básicos para la población y tratamiento adecuado de los deshechos sólidos y líquidos. Son responsables de promover esta ampliación de la cobertura de servicios: los gobiernos a cada nivel (CTAR y municipalidades provinciales y distritales), FONCODES, Ministerios de Salud, las universidades y las ONG’s.

Es importante no limitar la inversión en servicios, a la construcción de infraestructura; generar mecanismos de seguimiento, control, mantenimiento y gestión de los mismos, que permitan asegurar la sostenibilidad de la inversión.

Es necesario implementar dentro de la educación formal y no formal, la variable de gestión del riesgo, que facilite su incorporación en la planificación del desarrollo, en las actividades productivas y en la inversión en infraestructura.

Esta medida debe ser punto de partida para la generación de un clima de motivación y sensibilización homogéneo, entre las instituciones y organizaciones de desarrollo, para poner en marcha el conjunto de propuestas presentadas.

Deben participar de esta el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad de Piura, las ONG’s con programas de capacitación, los gobiernos locales y las organizaciones de base.

Sistematizando las instituciones presentadas en las propuestas deben participar:

CTAR

Ministerio de Salud

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción

Ministerio de Agricultura

Municipalidades provinciales y distritales

Organizaciones de base

FONCODES

INFES

Colegio de Ingenieros

Colegio de Nutricionistas

Sector Educación

Universidad de Piura

Universidad Nacional de Piura

ONG’s (con programas de saneamiento ambiental, energía, desarrollo rural, educación, gestión local)

Los bajos niveles de salubridad y de saneamiento ambiental, unidos a la alta desnutrición de la población, son los principales factores generadores de condiciones de riesgo en el sector salud. Los continuos casos de enfermedades y epidemias de la última década así lo demuestran: cólera, IRA (infecciones respiratorias agudas) y EDA, esta última incluso, es la causante de la mayor cantidad de muertes al año en la región.

En este caso las lluvias actúan solamente como intensificadores del riesgo a las epidemias, pero éstas son un riesgo y generan desastres por sí mismas. En temporadas húmedas, la malaria, las enfermedades dermatológicas, conjuntivitis y la TBC, además de las ya mencionadas en el párrafo anterior, se hacen más frecuentes, tanto por las más drásticas condiciones de insalubridad, como por la dificultad de la atención médica.

Las enfermedades frecuentes y epidemias, se concentran así en las zonas rurales y urbano-marginales, generando un elevado ausentismo a las escuelas y un bajo rendimiento escolar, y una disminución en los rendimientos de la producción en sus actividades económicas.

Las causas que pueden estar generando esta problemática son:

La contaminación del agua y del suelo, por los inadecuados o inexistentes servicios de agua, desagüe y alcantarillado, es la principal amenaza generadora de epidemias. El consumo de agua contaminada o no potabilizada, es la causa principal de las enfermedades diarreicas agudas. La acumulación de aguas negras en las viviendas y en las calles, y el ineficiente sistema de drenaje, son los focos generadores de la proliferación de los insectos portadores de la malaria.

Las lluvias intensas, que inciden en la ocurrencia de inundaciones, derrumbes y deslizamientos, reducen las condiciones de saneamiento y salubridad, elevando los focos infecciosos y aumentando el uso de agua contaminada.

Como se menciona párrafos arriba, la contaminación ambiental, a través de la acumulación de aguas negras por falta de sistemas de desagüe; la acumulación de agua en áreas libres por falta de sistemas de drenaje pluvial y el desfogue sin tratamiento de los desagües son, algunos de las causas generadoras de focos infecciosos. El ser humano contamina así su ambiente y eleva sus condiciones de vulnerabilidad.

Igualmente importante de mencionar es la acumulación de basura sin tratamiento y el fecalismo al aire libre.

Inexistencia o ineficiencia de sistemas de tratamiento de deshechos sólidos y líquidos, así como adecuado drenaje pluvial. Los sistemas de agua, drenaje pluvial y de desagüe, no cubren al total de la población (principalmente las zonas rurales y urbano-marginales), o son poco eficientes en su funcionamiento (generándose pérdidas en las calles, acumulación en áreas libres).

Por otro lado, los sistemas de tratamiento de desagüe y de deshechos sólidos, son demasiado costosos para localidades de escasos recursos, o no son adecuados para las condiciones del medio.

Definitivamente las condiciones económicas desfavorables, que no permiten una adecuada nutrición familiar, elevan considerablemente la vulnerabilidad a enfermedades y epidemias 8 . Asimismo, el alto costo de los tratamientos de salud, limita el acceso de los pobladores de escasos recursos a los establecimientos oficiales.

Organización de la población, no dirigida a reducir las condiciones de vulnerabilidad en salud.

Muchas veces las comunidades rurales no perciben como una necesidad los servicios de agua y desagüe; es indispensable por ello incluir medidas de información, educación y capacitación que promuevan la organización de la población para cambiar sus condiciones de salubridad.

Débil cobertura del sistema de salud en la región, debido al bajo presupuesto asignado al sector por el Gobierno Central. Desabastecimiento y centralización en el almacenamiento de alimentos y medicinas.

Limitada coordinación entre las instituciones prestadoras de salud con otros actores involucrados en la prevención.

Es conocido que meses después de la presencia de El Niño en una región se intensifican los casos de malaria, razón por la cual no se deben disminuir las medidas preventivas relacionadas a esta amenaza.

El centralismo en la toma de decisiones en momentos de dar respuesta a una emergencia es una debilidad que enfrenta el sector. Debe darse una redefinición de estrategias para mejorar las acciones en el futuro.

Durante la emergencia el control de brotes epidémicos debe tener dos componentes: a) información compartida y oportuna, y b) control intencional de cambio de conducta de los vectores en las zonas identificadas como epidémicas.

Débil información y capacitación al personal de los establecimientos de salud, autoridades y población en general. Insuficiente personal en salud; médicos, enfermeras, técnicos y promotores.

Débil articulación de actividades entre el sector de agricultura y educación, identificados como potencial vía para trabajar en prevención de enfermedades.

Existen todavía conflictos entre la medicina tradicional y la "científica". La primera es más accesible cultural y económicamente a la población, por lo que debería potenciarse. La segunda es considerada demasiado costosa, externa a las prácticas comunales, por lo que es recurrida en casos graves.

PROPUESTAS:

Como se ha analizado, la contaminación ambiental está generando una condición de riesgo permanente a enfermedades y epidemias: diarrea, cólera, malaria, las mismas que se ven agravadas en las temporadas de lluvia.

Es necesario ampliar el acceso a los servicios básicos de agua y desagüe, a toda la población, y obligatoriamente promover sistemas de tratamiento de los deshechos.

Son responsables de promover esta ampliación de la cobertura de servicios: los gobiernos a cada nivel (CTAR y municipalidades provinciales y distritales), FONCODES, Ministerio de Salud, las universidades y las ONG’s.

Promover sistemas que sean eficientes técnicamente, adecuados a las características del medio, y accesibles a las condiciones económicas de los gobiernos locales y de la población.

Existen en el país y en la región latinoamericana un sinnúmero de experiencias exitosas que pueden ser adecuadas a las condiciones de la región, tanto en costa como en sierra, para ello se requiere de la participación de las universidades (nacional y privada), el apoyo de las instituciones del Estado (CTAR, FONCODES, Ministerio de Salud), y de las ONG’s.

A nivel comunal rural, y/o a nivel de barrio urbano, formar equipos de promotores de salud, que permitan hacer un seguimiento continuo al control de vectores, identificación y tratamiento de brotes epidémicos.

Deben tomar parte de la promoción de esta medida, el Ministerio de Salud, las municipalidades provinciales y distritales, y las organizaciones de base.

A tres niveles:

1 Familiar y comunal, reconociendo que la prevención, es la principal medida para reducir el riesgo en la salud. Para ello es necesario desarrollar un proceso de motivación y sensibilización a nivel general, a través de campañas comunales y talleres de capacitación.

2 Promotores comunales y personal de salud con capacitación y actualización permanente.

3 Autoridades y líderes de base, la puesta en marcha de programas de saneamiento ambiental y la respectiva gestión con instituciones centrales. Serían responsables de esta medida, los establecimientos de salud, las ONG’s, las organizaciones de base y las municipalidades provinciales y distritales.

Es necesario generar un sistema permanente a nivel comunal urbano y rural, que haga seguimiento a las viviendas y a los focos infecciosos en la jurisdicción.

Esta tarea corresponde al establecimiento de salud, a las organizaciones de base, y a las autoridades a cada nivel.

Correspondiendo a los niveles comunales y bajo la responsabilidad de los promotores de salud, es necesario tener una distribución eficiente de medicamentos básicos, que permita una atención rápida y acertada.

Las ONG’s, las organizaciones de base y los establecimientos de salud, serían los encargados de la medida.

Como se ha podido recoger en el diagnóstico, no sólo hay una insuficiencia en la atención en caso de desastre, sino que ésta es una situación permanente en las zonas rurales y urbano-marginales. De esta manera una ampliación y mejoramiento de la cobertura en salud, podría reducir considerablemente las condiciones de riesgo a enfermedades y epidemias y elevaría la eficiencia de los resultados de las otras propuestas.

Se podría recoger la experiencia de los CLAS (órganos compartidos de gestión en salud), y de algunas ONG’s, negociando con la empresa privada, como elementos importantes para ampliar el sistema de atención. Serían responsables de la implementación de esta propuesta: CTAR, Ministerio de Salud, Municipalidades provinciales y distritales, IPSS, FONCODES, INFES.

Generar espacios de coordinación para evitar la duplicación de acciones, que permita el intercambio de información, y promueva la intervención de otros actores también involucrados en la problemática (educación, gobiernos locales, organizaciones de base).

Los actores llamados a tomar parte de esta propuesta deben ser, los establecimientos de salud, las municipalidades provinciales y distritales, las organizaciones de base, los centros educativos, las ONG’s involucradas en el tema, y, el CTAR y el Ministerio de Salud como promotores.

Debemos incentivar procesos para promover el fortalecimiento de los poderes locales a través del rescate del conocimiento de la comunidad, elaborar propuestas que partan de sus necesidades, y aprovechar los recursos locales para reducir las condiciones de riesgo. Las ONG’s y los gobiernos locales deben promover este proceso.

Con base en un proceso de investigación adecuada, y de mejoramiento de los servicios de los médicos naturistas, fortalecer los recursos locales, aprovechando los conocimientos de la comunidad: parteras, naturistas y shamanes. Podría promoverse a través de las universidades, ONG’s y los establecimientos de salud, y las organizaciones de base.

Si bien el estado nutricional requeriría de un diagnóstico particular y de un conjunto de propuestas más profundas, es importante tomarlo en cuenta aquí por ser una de las causas principales del riesgo a enfermedades y epidemias. La extrema pobreza, la deficiencia de micronutrientes en la dieta familiar y especialmente en la de los niños pequeños, la baja cobertura y control de madres gestantes, son algunas de las causas de la alta tasa de desnutrición en las zonas urbano marginales y rurales. Una propuesta de Fortalecimiento Nutricional debe incluir así medida de información y educación (de capacitación escolar, comunal y familiar, y de personal de salud), de complemento nutricional y de seguridad alimentaria (mejora de ingresos y de producción de productos básicos). Deben participar de este proceso, los establecimientos de salud, el CTAR, PRONAA; PROMUDEH, elColegio Profesional de Nutricionistas, las ONG’s (con programas de salud y seguridad alimentaria) y el sector educación,

Sistematizando las instituciones que deberían participar en las propuestas serían:

Ministerio de Salud

Municipalidades provinciales y distritales, organizaciones de base

FONCODES

INFES

Colegio de Ingenieros

Colegio de Nutricionistas

PRONAA

PROMUDEH

Sector Educación

Universidad de Piura

Universidad Nacional de Piura

ONG’s (con programas de saneamiento ambiental, salud, nutrición seguridad alimentaria)

Las condiciones de riesgo del sector vivienda, tanto en la región costera como en la sierra, se reflejan en los cada vez más frecuentes daños en las zonas urbanas y rurales, principalmente por lluvias intensas, que inciden en la ocurrencia de inundaciones, derrumbes y deslizamientos. Esta afectación no sólo se limita a los daños a las casas, sino también a los servicios de agua y desagüe y por consiguiente, a las condiciones de salubridad de la población. Se debe entender el problema entonces como un riesgo múltiple, donde la posibilidad a inundaciones y derrumbes provoque epidemias, que incrementando su intensidad.

Los procesos de ocupación y uso de los terrenos urbanos y rurales (principalmente lugar de ubicación y sistema de construcción), y manejo de los recursos naturales (agua, suelo, bosque), de manera poco planificada y poco controlada, han llevado a incrementar las condiciones de amenaza y los factores de vulnerabilidad. Para diseñar recomendaciones generales se debe entonces analizar las causas de esta problemática.

Otros dos tipos de riesgo a considerar son:

1. Los potenciales daños por sismos, al estar la región en una zona de alta sismicidad, al ubicarse algunos centros poblados sobre terrenos arenosos poco firmes, y por los inadecuados sistemas de construcción y antigüedad de las viviendas; y,

2. Los potenciales daños por vientos fuertes, especialmente en la zona de sierra por la mala calidad de los techos y la falta de cortinas rompevientos.

Las lluvias intensas son el principal detonador de las inundaciones de ríos, drenes y quebradas, derrumbes y deslizamientos. La tala indiscriminada de los bosques ha elevado el nivel de erosión de los suelos en terrenos de fuerte pendiente, y ha debilitado los taludes en las zonas de ribera. De esta manera el ser humano ha contribuido a elevar las condiciones de amenaza de crecientes del río y quebradas, erosión de riberas, derrumbes y deslizamientos.

La contaminación del ambiente por aguas negras y basura, generan por sí mismas condiciones de fuerte amenaza para la población; las mismas que se ven incrementadas en la época de lluvia. Las enfermedades y epidemias se hacen así más recuentes en la época húmeda.

Si bien, no hay todavía un acuerdo entre los científicos naturales para señalar las causas, se sienten ya cambios en las condicione climatológicas a través de desequilibrios en los regímenes de lluvia, períodos más cortos de precipitación pero de mayor intensidad y períodos más largos e intensos de sequía. Se percibe también una mayor frecuencia de vientos fuertes por los cambios bruscos de temperatura y presión en el aire.

Como toda la costa peruana, la Región Piura se encuentra en una zona de alta sismicidad.

Por un lado la deforestación en las zonas altas provoca cambios en los regímenes de lluvia; precipitaciones más intensas en corto período de tiempo, mayor erosión del suelo y en las zonas de costa una mayor deposición de material y erosión en las riberas. Por otra parte, mayor contaminación del suelo y del agua por débil drenaje de los desagües, inexistente tratamiento de los residuos (basura y aguas negras), contaminación de las riberas; factores que aumentan en los períodos de lluvia elevándose el riesgo de epidemias.

El crecimiento de la población en las zonas urbanas y rurales, y la presión sobre la tierra, ha generado la ocupación de antiguos cauces de ríos y quebradas, para la ubicación de viviendas y actividades económicas.

Empleo de sistemas constructivos no adecuados a las condiciones del medio y hay una falta creciente de infraestructura de servicios básicos, drenaje pluvial, de defensas ribereñas y protección de laderas.

Las condiciones de pobreza y la desigual distribución del suelo para uso urbano y rural, no permite a la población de escasos recursos adquirir y ocupar terrenos en zonas seguras, o construir viviendas con sistemas adecuados. Asimismo, no existen sistemas de crédito que permitan la construcción de viviendas apropiadas.

Organización de la población inexistente o no dirigida a resolver los problemas de vulnerabilidad. Muchas veces la organización adolece de paternalismo y asistencialismo, que no le permite promover sus propuestas de desarrollo.

Débil coordinación interinstitucional para planificar, ejecutar o promover coordinadamente proyectos de desarrollo urbano y de vivienda rural.

Inadecuadas normas de construcción y sistemas de control.

Débil participación de los gobiernos locales en la toma de decisiones de políticas regionales y limitada capacidad técnica para promover procesos de desarrollo en su jurisdicción.

Poca sensibilización de las organizaciones de base y de las instituciones públicas y privadas para la planificación del desarrollo urbano.

Limitada investigación y conocimiento de sistemas constructivos adecuados, de dotación de servicios y de técnicas de tratamiento de deshechos sólidos y líquidos.

Asimilación de modelos constructivos no adecuados a las condiciones del medio (modelo de vivienda para zonas sin precipitaciones pluviales).

PROPUESTAS:

A partir de la definición de los distintos usos de suelo, promover un proceso planificado de crecimiento de las áreas urbanas y rurales hacia espacios seguros y ordenar el uso del territorio de acuerdo a sus potencialidades. Esta tarea requiere de la participación de las instituciones de gobierno a cada nivel: CTAR, Municipalidades provinciales y distritales, de las organizaciones de la población, de la Universidad y de las ONG’s, de acuerdo a su ámbito de intervención. Las universidades y ONG’s, pueden desarrollar un papel de asesoramiento técnico, para el desarrollo de las propuestas de ordenamiento.

Definición de las políticas y programas de desarrollo, con la participación de los distintos actores a cada nivel de intervención, que lleve a la puesta en marcha de propuestas de reducción de la vulnerabilidad en el sector vivienda.

Debe ser promovido por las instituciones de gobierno a cada nivel, pero en ella deben participar las organizaciones de base e instituciones privadas (ONG’s): CTAR, Cooperación Internacional.

Es necesario para iniciar un proceso de reducción de las condiciones de riesgo, elevar la sensibilización y la motivación de los distintos actores del desarrollo que genere un clima positivo para la coordinación, negociación y toma concertada de decisiones. Para el desarrollo de esta propuesta deben coordinar inicialmente las ONG’s, las Municipalidades, el CTAR, y Defensa Civil.

A partir de los dos puntos anteriores se recomienda a los distintos actores del desarrollo ordenar y coordinar sus programas de inversión, para no reproducir, aumentar, o promover, ocupación de viviendas o actividades económicas en zonas inseguras o que aumenten las condiciones de riesgo. Por otro lado, incentivar la inversión en mejoramiento de las condiciones de vivienda y de servicios básicos (agua, desagüe y drenaje pluvial) para reducir las condiciones de riesgo en el espacio rural, y en los distintos sectores socioeconómicos de la población (priorizando los sectores de mayores necesidades: rural y urbana marginal).

Podría aprovecharse como instancia de negociación, concertación, intercambio de información y planificación, a la Coordinadora Interinstitucional.

Incentivar la investigación y puesta en marcha de programas de mejoramiento de sistemas constructivos adecuándolos al medio (clima cálido y lluvioso en ciertas épocas del año, con presencia de vientos fuertes, y alta sismicidad), accesibles económicamente a los distintos sectores de la población, y que promuevan el uso y conservación de los recursos (es posible incentivar por ejemplo proyectos de "vivienda y producción-conservación de bosques comunales" ). SENCICO y las universidades (pública y privada), son las llamadas a promover e incentivar estos sistemas.

Actualmente, los sistemas de crédito están orientados a la construcción de pequeños módulos de vivienda de ladrillo y cemento, no accesibles a los sectores de menores recursos (y si son tomados, limitan los recursos familiares a ese pequeño módulo), ni adecuados a las condiciones del medio.

Sería necesario con las entidades que brindan crédito a los sectores rurales y urbano marginales, que se promuevan sistemas constructivos económicos y adecuados al medio, priorizando las zonas que se encuentran con altos niveles de riesgo y que requieren una reubicación o el mejoramiento de su vivienda.

Las instituciones que deberían coordinar a este respecto son: el Banco de Materiales, el Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción, ONG’s, las empresas constructoras y los gobiernos locales.

Se deben incentivar procesos para promover el fortalecimiento de los poderes locales a través del rescate del conocimiento de la comunidad, elaborando propuestas que partan de sus necesidades, y aprovechando los recursos locales para reducir las condiciones de riesgo. Las ONG’s y los gobiernos locales deben estimular este proceso.

Como se ha analizado, la contaminación ambiental está generando una condición de riesgo permanente a enfermedades y epidemias: diarrea, fiebre amarilla, malaria, las mismas que se ven agravadas en las temporadas de lluvia.

Es necesario ampliar el acceso a los servicios básicos de agua y desagüe a toda la población y obligatoriamente promover sistemas de tratamiento de los deshechos.

Los gobiernos a cada nivel: FONCODES, CTAR y municipalidades provinciales y distritales, las universidades y las ONG’s, deben promover este proceso.

El reglamento vigente de construcción no está adecuado a las condiciones del medio, ni a las condiciones económicas de la población; así se limita a edificaciones de "material noble", para zonas con características climatológicas similares a las de Lima que prioriza el riesgo sísmico y no a inundaciones, derrumbes y vientos fuertes. Tampoco se hace un control intensivo del cumplimiento de estas reglas.

Esta tarea correspondería al Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción, a las universidades y al Colegio de Ingenieros.

INSTITUCIONES QUE DEBEN PAR ARTICIP TICIPAR:

Sistematizando las instituciones nombradas para el desarrollo de las propuestas, tenemos:

SENCICO,

CTAR

Banco de Materiales

FONCODES

Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción

Ministerio de Salud,

ONG’s (con programas de vivienda, saneamiento y desarrollo

urbano),

Colegio de Ingenieros,

Municipalidades provinciales y distritales,

Organizaciones de base,

Empresas constructoras,

Universidad de Piura y

Universidad Nacional de Piura.

RECOMENDACIONES FINALES

Información - Planificación - Sensibilización

Como se ha podido observar en el análisis sectorial, uno de los principales elementos generadores de las condiciones de riesgo en la Región Piura, ha sido el factor ideológico – cultural. La percepción de que los desastres son causados únicamente por la "fuerza de la naturaleza", "castigos divinos", o que por la condición de pobreza no se puede reducirlo; ha llevado a una conducta de pasividad ante las condiciones de riesgo, a esperar el desastre y a limitar la intervención humana a la emergencia.

Este factor no ha permitido una revisión de las verdaderas causas en la generación de los desastres ni la identificación de responsables en la construcción paulatina de las condiciones de riesgo; por lo tanto, ha mantenido el tratamiento del tema ajeno al proceso de desarrollo y a los programas y proyectos desde los diferentes sectores, instituciones y organizaciones.

Por otro lado, la escasa coordinación entre las instituciones públicas y privadas, la falta de una planificación con visión a largo plazo, la débil organización en cada uno de los niveles (local, provincial, regional) y la limitada comunicación entre ellos no ha permitido generar estrategias de solución viables, que fortalezcan capacidades y optimicen el uso de recursos humanos, institucionales y económicos.

PROPUESTA:

Las siguientes propuestas deben complementar las medidas sectoriales presentadas; deben ser el punto de partida de un proceso de reducción de condiciones de riesgo, pero deben mantenerse de manera permanente; y por último, adecuarse a cada tipo de riesgo.

Incentivar la investigación desde distintas líneas temáticas en gestión del riesgo: desde las ciencias físicas, para desarrollar propuestas técnicas de prevención (propuestas agroecológicas, sistemas de construcción más adecuados de viviendas, vías de comunicación, sistemas de tratamiento de deshechos, etc.); en las ciencias sociales, para elaborar modelos, metodologías y líneas estratégicas de intervención, que reduzcan las condiciones de riesgo y conduzcan al desarrollo local y regional (programas y proyectos de desarrollo con gestión del riesgo); en educación y ciencias de la comunicación, para generar metodologías y estrategias de información, sensibilización y motivación, que eleven la participación de la población, de las autoridades y del conjunto de instituciones y organizaciones.

Fortalecer la generación de información adecuada (estaciones hidrometeorológicas, información satelital); y su correcto tratamiento y difusión, para la toma de decisiones (capacitación a periodistas, formación de redes de medios de comunicación). Fortalecer el trabajo de las Universidades (de Piura y Nacional de Piura), del Proyecto Chira-Piura, del CTAR, del SENAMHI, y para la difusión, la experiencia de Radio Cutivalú, en la formación de redes locales de comunicación.

A través de la educación formal y no formal, generar una cultura de prevención, que permita la sensibilización, motivación y concientización, para participar de acciones y procesos de gestión del riesgo.

Desde los niveles de primaria, secundaria hasta la educación superior (en carreras de letras, ciencias y educación), se debe incorporar en el programa curricular la formación de actitudes y aptitudes hacia la reducción de condiciones de riesgo.

La educación debe servir como medio para capacitar a autoridades, personal de instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, organizaciones de base y población en general que motive la participación en procesos de gestión y análisis del riesgo para la planificación de estrategias de solución.

Esta propuesta se puede implementar promoviendo el trabajo de la Universidad de Piura, de algunas ONG’s y de la cooperación internacional (que cuentan con programas de educación, gestión del riesgo y fortalecimiento de los gobiernos locales).

En cada nivel de intervención (regional, provincial, local y a nivel de cuenca), generación de procesos participativos de análisis de la experiencia pre y post – FEN, análisis del riesgo actual, e implementación de procesos concertados de planificación y toma de decisiones para reducir esas condiciones. Para ello se requiere analizar y adecuar metodologías apropiadas a los distintos ámbitos, y previamente generar un clima positivo para la negociación (un proceso de esta naturaleza, significa conciliación de distintas percepciones del desarrollo, de intereses políticos y económicos, y de competencias institucionales).

Se debe promover los trabajos desarrolladas por algunas ONG’s, gobiernos locales, la Universidad de Piura, y la Coordinadora Interinstitucional, en esta vía.

Incentivar el desarrollo de procesos concertados de planificación, y la inclusión de la temática de gestión del riesgo en los planes, políticas, programas y proyectos de cada una de las instituciones de la región; entidades públicas, ONG’s, municipalidades, centros educativos, medios de comunicación, empresa privada, organizaciones de base. Para ello se requeriría un extensivo e intensivo proceso de capacitación, el desarrollo de metodologías adecuadas a cada sector, y un proceso de seguimiento, control y evaluación.

Esta propuesta debe ser promovida por la Coordinadora Interinstitucional, el CTAR, Defensa Civil, y las ONG’s con experiencia en el tema.

A partir de las instancias ya organizadas (Comité de Defensa Civil, Coordinadora Interinstitucional), y a través de los procesos de análisis del riesgo y planificación concertada, promover la implementación de medidas de reducción del riesgo, el intercambio de experiencias y de información, la concentración de actividades en zonas de riesgo, la complementariedad de capacidades y de recursos humanos, institucionales y económicos.

Esta medida debe ser promovida por los gobiernos a cada nivel: CTAR y municipalidades provinciales y distritales, con el asesoramiento de las ONG’s y de la cooperación internacional.

INSTITUCIONES QUE DEBEN PARTICIPAR:

Coordinadora Interinstitucional

CTAR

Municipalidades provinciales y distritales

Medios de comunicación

ONG’s

Agencias de Cooperación Internacional

Universidad de Piura

Universidad Nacional de Piura