Las condiciones en que se ha iniciado el proceso de descentralización marcan
un escenario bastante complejo por la cantidad de actores involucrados y los diversos
roles que vienen jugando, lo que esta enmarcando una debilidad muy fuerte ante
la población que había centrado sus expectativas en las posibilidades
que este proceso pudiese en el corto plazo atender sus principales necesidades,
en especial la referida al empleo e ingreso.
Desde comienzos de año en que se instalaron los gobiernos regionales,
sin regiones, se ha presentado un conjunto de desencuentros entre los organismos
encargados de procesar los cambios establecidos en las normas como la Ley de
Bases de Descentralización y siguientes. Estos desencuentros se dan al
interior del Ejecutivo entre el Ministerio de Economía que ha normado
la formulación de los planes estratégicos concertados y los presupuestos
participativos, y el MIMDES que ha iniciado un proceso de capacitación
a funcionarios locales en programas de transferencia de proyectos de seguridad
alimentaria y otros con fines de contar con personal adecuadamente capacitado
para el ejercicio de esta función en los Gobiernos Locales. La elaboración
del Presupuesto Participativo, instrumento con el cual se pretende fortalecer
el Sistema Nacional de Inversión Financiera, busca promover la participación
de los actores económicos y sociales en la elaboración del presupuesto
tanto de los gobiernos locales como del Gobierno Regional. Al mismo tiempo,
el poder legislativo ha seguido emitiendo normas como la Ley General de Municipalidades
y otras que crean instancias como los concejos de coordinación local
en la idea de fortalecer la participación ciudadana, pero que no cuentan
con el visto bueno de las autoridades locales. En este confuso proceso, el Consejo
Nacional de Descentralización ha mostrado una relativa inactividad para
apoyar en el fortalecimiento de capacidades locales y regionales.
Visto desde la región Arequipa, el proceso se puede analizar desde diversos
puntos de vista: uno es el que presenta el Presidente Regional, que asume una
posición confrontacional tratando de construir un liderazgo entre los
presidentes regionales. Este hecho lo ha llevado a diversos episodios de enfrentamiento
con el Presidente de la República, siendo el más destacado el
del 15 de agosto (aniversario de la ciudad de Arequipa), cuando se realizó
la transferencia del Proyecto Majes a la región, que, dicho sea de paso,
pareciera un “presente griego”, ya que existen algunos indicios
para señalar que habrían algunas obras de mantenimiento de la
infraestructura principal que no cuentan con el presupuesto necesario y cuya
realización debería ser financiada con futuros recursos del presupuesto
de la región y no del INADE como debiera ser.
Otro ángulo de este proceso sería el de los gobiernos locales
que, en la transferencia de los programas sociales y algunas de las funciones
del FONCODES, requieren de no sólo la transferencia de personal, sino
también de los recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos
de estos programas y funciones, cosa que al parecer no está ocurriendo.
La aplicación del Presupuesto Participativo por parte de los funcionarios
del Gobierno Regional Arequipa se ha limitado a la convocatoria de autoridades
y representantes de las instituciones en los ámbitos provinciales a fin
de solicitarles información sobre las principales inversiones a realizarse
en el ámbito respectivo. En este sentido, es importante señalar
que la concertación no es el hecho de abrir una ventana para que las
organizaciones y autoridades locales presenten sus demandas para inversión
en infraestructura o servicios, sino mas bien que el Gobierno Regional establezca
cuáles son las orientaciones estratégicas de desarrollo y su concreción
en los ámbitos provinciales, así como desarrollar mecanismos de
cofinanciamiento para alcanzar las metas en periodos más cortos. Por
otro lado, ello también significaría que en la provincia las instituciones
y organizaciones tendrían mayor control ciudadano y vigilancia social
respecto de la inversión pública.
Si bien es cierto que este proceso de descentralización aún no
tiene más de un año de implementación, lo ya avanzado muestra
que aún falta mucho para ordenar las relaciones entre Gobierno Local,
Regional y Nacional, en especial lo referido a competencias de cada uno de ellos.
Carlos Leyton
CEDER - Arequipa
