Actualmente, las regiones perciben del Gobierno Central aproximadamente 630 millones
de nuevos soles. Con el recorte presupuestal recibirían 467 millones de
nuevos soles (aproximadamente 26% de reducción), lo que estaría
afectando las posibilidades de inversión y desarrollo, dejando inconclusas
obras programadas para este año y el siguiente. En respuesta, los Presidentes
de algunas regiones convocaron a un paro que se llevó a cabo el 10 de setiembre
pasado, convocatoria que fue acatada parcialmente en 5 regiones (Ancash, Arequipa,
Lima Provincias, Piura, La Libertad).
Participaron en el caso arequipeño el Presidente Regional, la Asociación
de Alcaldes, la Federación de Trabajadores de Arequipa, Asociaciones
de Pueblos Jóvenes, entre otros. Por otro lado hay resaltar que no participaron
el Frente Amplio Cívico de Arequipa y algunos consejeros regionales,
por considerar que la marcha no buscaba beneficios para la región sino
para el partido aprista. El alcalde de la ciudad manifestó estar de acuerdo
con la solicitud que se le esta haciendo al gobierno, pero a su vez señaló
su disconformidad por este tipo de movilizaciones, ya que con ellas se estaría
dando una imagen negativa de la ciudad.
Esta paralización ha tenido dos puntos muy importantes. El primero ha
sido la coincidencia de los municipios distritales con el Gobierno Regional
para reclamar al gobierno el incremento del presupuesto. En el caso de los municipios,
se reclama además la revisión de los criterios para la asignación
del canon minero ya que se utiliza información que tiene como base el
censo de 1993.
El segundo punto ha sido la profundización de la confrontación
del APRA con el Gobierno de Perú Posible, que se ha agudizado desde cada
vez más luego del episodio del 15 de agosto protagonizado por Alejandro
Toledo y Daniel Vera Ballón. Sin embargo, esta actitud del Presidente
Regional se expresa también a nivel local, específicamente con
el Alcalde de la ciudad, situación especial ya que ambas autoridades
son del partido aprista.
Pese a que las demandas de las autoridades son legítimas, estas no han
logrado la adhesión de la mayor parte de los sectores populares a causa
del pronto desgaste de las autoridades regionales.
María del Carmen Falcón
