La descentralización y la regionalización en el Perú son
procesos de largo plazo que recién se inician y tendremos que trabajar
arduamente para cristalizarlos, por el bien de nuestras regiones y del país.
Pasan por dar cumplimiento a varios elementos básicos, desde el punto de
vista de los que realmente queremos el éxito de este proceso. Uno de dichos
elementos es la base normativa, en la cual se ha experimentado un avance considerable,
a pesar de que pueden existir algunos vacíos, pero que en la aplicación
práctica se pueden proponer cambios para perfeccionarlos. (1)
En cuanto a la participación organizada de la población, las
organizaciones de la sociedad civil y la sociedad política permanecen
en el papel o rol de observadores, no logran involucrarse, reflejando un bajo
nivel de conciencia y compromiso consciente y racional con este proceso. Resaltan
la debilidad y fragilidad de las organizaciones políticas (incluyendo
a los partidos), que no tienen una propuesta clara sobre descentralización
y regionalización, ni siquiera aquéllas que se encuentran ejerciendo
el gobierno en las regiones. En realidad, el éxito del proceso de descentralización
y regionalización depende en gran medida de la participación democrática
organizada de la población, con un nivel de conciencia y compromiso con
el proceso.
Otro factor crucial es contar con un nivel de recursos económicos y
financieros que garantice autonomía económica. La asignación
presupuestal para el 2003 fue recibida por los gobiernos regionales con una
leve posibilidad de reestructuración, pero que finalmente no se tradujo
en un aumento; y para el 2004 a pesar de tener “autonomía”
de elaborar o formular su propio presupuesto, estando bajo un techo presupuestal
definido por el MEF en donde aproximadamente el 90% se destina a gastos corrientes
y solamente un 10% a inversiones, se genera dificultad para desarrollar obras
de impacto. Ello, sumado a dificultades para acceder a endeudamiento externo,
creación de tributos e impuestos y hasta problemas para acceder a la
cooperación internacional, lleva a pensar que no existe una decisión
sincera y transparente por parte del gobierno central de impulsar el proceso
descentralizador. Necesitamos plantear la exigencia de autonomía económica,
política y administrativa de las regiones dentro del proyecto nacional,
manteniendo al mismo tiempo la unidad del país.
Sumando a ello la institucionalidad para la descentralización y regionalización,
es preciso indicar que se ha avanzado en la normatividad, base importante, pero
no la fundamental; hace falta que se fortalezca y se consolide en este proceso
el capital económico, el capital social, el capital ambiental, para lograr
la sostenibilidad del proceso de descentralización y regionalización.
Necesitamos en las regiones empresarios consolidados y en crecimiento, empresas
competitivas en todos los sectores, una importante composición orgánica
de capital regional, sólida organización del empresariado con
capacidad de endeudamiento, acceso a mercados regionales, nacional e internacional,
entre otros. Necesitamos también organizaciones propositivas y con una
práctica de control ciudadano efectiva: organizaciones gremiales fuertes
de trabajadores, empleados, campesinos, y profesionales; así como una
sólida organización de la sociedad política con partidos,
frentes y movimientos con base doctrinaria, de principios programáticos
y ligados estrechamente al pueblo. De igual forma, se requieren organizaciones
e instituciones responsables en la defensa y protección del medio ambiente,
así como gobiernos regionales y locales sólidos con capacidad
de propuesta, legitimados ante la población y que cuenten con credibilidad
ante la misma.
El proceso de descentralización y regionalización tendrá
éxito en la medida en que forme parte del Proyecto Nacional de Desarrollo,
con una orientación estratégica de mediano y largo plazo, a fin
de que no se cometan desviaciones chauvinistas, segregacionistas o de mal entendidas
“autonomías” alentadas por caciques regionales. Y precisamente
este instrumento vital nos hace falta, el Proyecto Nacional de Desarrollo, nacido
de las regiones, que oriente el desarrollo económico, político,
ambiental y social del Perú que queremos en el mediano y largo plazo.
Así, podremos tener un norte, en concordancia con las líneas maestras
del desarrollo nacional, sin perder la especificidad de cada región y
respetando sus características y necesidades.
Por último, debe definirse un adecuado procedimiento para la conformación
de las regiones y macroregiones. En la Ley de Incentivos para la Integración
y Conformación de las Regiones, así como en la Ley de Demarcación
y Organización Territorial, se establecen las condiciones y los procesos
de integración en macroregiones, pero el problema fundamental esta en
que los departamentos actuales no ceden a ser incorporados con otras regiones,
basados en las experiencias del proceso anterior de regionalización.
En el caso de Cajamarca, no se puede volver a repetir la experiencia negativa
de la Región Nor Oriental del Marañón (Lambayeque, Amazonas
y Cajamarca), en la que los dos departamentos de Cajamarca y Amazonas fueron
absorbidos por Lambayeque (principalmente la ciudad de Chiclayo). Ahora debemos
trabajar con criterios de carácter técnico, económico,
histórico, político y social, para proponer una nueva región
(macroregión), con mayores niveles de equidad y justicia en el ejercicio
del poder político en la macroregión, que debería integrar
lo que constituye el circuito turístico macroregional del norte: La Libertad,
Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas y San Martín. En esta
perspectiva, debemos trabajar sin prisa pero sin pausa.
(1).- La descentralización y regionalización se sustentan legalmente en
la Constitución Política del Perú, las leyes Nº 27783:
Ley de Bases de la Descentralización (20 de Julio del 2002), Nº 27795:
Ley de Demarcación y Organización Territorial (23 de Julio del 2002),
Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (16 de Noviembre del
2002), Nº 27902: Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Nº 27876, para regular la participación de los alcaldes provinciales
y la sociedad civil en los gobiernos regionales y fortalecer el proceso de descentralización
y regionalización 20 de Diciembre del 2002), Nº 27972: Ley Orgánica
de Municipalidades (6 de Mayo del 2003), Nº 26300: Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadano, y otras normas relacionadas con la transparencia
y acceso a la información pública que tiene derecho todo ciudadano.
Jesús Coronel
Universidad Nacional de Cajamarca
