Conseguir el bienestar de la población peruana, es sin duda el mayor anhelo de quienes trabajan en fortalecer el proceso de descentralización. Un proceso que se inició con la suma de fuerzas políticas en las elecciones 2001 y que hoy cuenta con un amplio sector de la sociedad civil que sigue de cerca cada uno de los pasos para consolidarlo.

El aporte, que CIPCA, CEDEPAS y CEDER, con el apoyo de AVINA, están dando en este sentido, consiste en fortalecer las capacidades con las que cuentan los Gobiernos Regionales para afrontar con éxito esta década, apoyando la formulación de propuestas integrales y fortaleciendo su liderazgo, a fin de asegurar una adecuada inserción en este proceso.

Aunque el avance no es similar, debido a la coyuntura en cada región, la intención se comparte y el objetivo guía las actividades: “La construcción de una agenda nacional donde se favorezca la elaboración y propuestas de políticas nacionales entre y desde actores y lideres regionales”, es decir, una visión renovada, una mirada al país desde las regiones.

Los elementos de juicio están ya dados y en la medida en que el proceso descentralizador se consolida, se esclarecen las propuestas. Una oportuna contribución a este proceso, dada por el CND y publicada hace pocas semanas es el Plan Nacional de Desarrollo Territorial que, por supuesto, debe ser discutido ampliamente por los diversos actores sociales en las regiones. Esta propuesta identifica cuatro corredores naturales en el Eje este-oeste y 12 cuencas y vertientes dinámicas al interior de la costa, sierra y selva de todo el país. De la integración de corredores y cuencas, resultan 13 unidades territoriales.

Estas son: Corredor Bioceánico Nor Oriente, Corredor Bioceánico Central, Corredor Energético Central, Corredor Bioceánico Sur, Eje Agroindustrial Costa Norte, Eje Agroindustrial Costa Sur, Eje Sierra Verde Norte, Eje Sierra Verde Centro Sur, Eje Desarrollo Alternativo Selva Alta, Circuito Turístico Sur Altiplano, Circuito Fluvial Amazónico, Eje Pesquero Mar Territorial y el Circuito Turístico Norte. En concreto, una distribución territorial que formaliza una propuesta que años atrás se viene trabajando en cada una de las regiones, que sin duda le da al proceso descentralizador un soporte estratégico y reabre la puerta al proceso de macro regionalización que durante gobiernos pasados tuvieron su primer intento. Este aporte propone un crecimiento económico a escala de las macroregiones, una hoja de ruta para el Perú hacia 2013 que brinda, en el contexto actual, una importante oportunidad que debe ser aprovechada para impulsar el desarrollo de la competitividad en las regiones.

Esto significa la generación de espacios para el debate de propuestas, con mecanismos efectivos de participación de los actores involucrados en el desarrollo regional: sociedad civil, empresarios, Gobiernos Locales, Gobierno Regional, mostrando apertura a nuevos conceptos y estrategias en torno a los procesos sociales, económicos y ambientales que se suscitan en nuestras regiones.

Debemos comprender que se trata de un proceso complejo, de una construcción colectiva, y fundamentalmente de una construcción social, compleja por la infinidad de relaciones que se tejen en el proceso, por la diversidad de actores involucrados cada uno con su propia racionalidad, con múltiples visiones, lógicas e intereses en juego; que hacen imprescindible la necesidad de concertación y búsqueda de puntos de encuentro, de apertura a la construcción de alianzas estratégicas, de una nueva lógica en la cual no debe haber perdedores si entendemos que todos podemos ganar si desarrollamos la capacidad de entendernos y tener una visión común en la cual el Bienestar Social es el objetivo de un proceso como la Descentralización.

Esto deriva en el compromiso de las instituciones públicas y privadas, y de la población organizada para asumir responsabilidades compartidas, unas con apertura y transparencia haciendo posible la participación ciudadana en los procesos de análisis y toma de decisiones, en tanto otras, en forma responsable y organizada, ejerciendo el derecho y deber de implementar y fortalecer adecuados mecanismos de participación y vigilancia generados en el proceso de descentralización, para el fortalecimiento de la calidad de la gestión en nuestros Gobiernos Locales y Regionales.