Han pasado casi dos años desde que se inicio el proceso de reforma descentralista
y, más allá de los importantes avances en el marco normativo, se
ha hecho evidente que algunos temas no han sido priorizados. Temas como la promoción
de espacios macroregionales, la descentralización fiscal, los mecanismos
de participación ciudadana y la promoción de la inversión
privada no han sido normados.
Respecto a la conformación de macroregiones, si bien el proceso se ha
iniciado a partir de la demarcación de los actuales departamentos, el
objetivo declarado en el marco legislativo es construir regiones más
amplias sobre la base de territorios contiguos integrados histórica,
cultural y económicamente. El tema central para la construcción
de estos espacios macroregionales no es definir una demarcación, sino
generar políticas y estrategias que promuevan proyectos e iniciativas
conjuntas entre las regiones, las cuales en su desarrollo vayan creando las
condiciones para su integración.
En cuanto a la descentralización fiscal, se trata de uno de los temas
más polémicos, habiendo llevado incluso a reacciones como los
paros regionales del 10 de setiembre paso. El presupuesto asignado a las regiones
y a las municipalidades para el año 2003 constituye el 22% y el 4% del
total del presupuesto nacional respectivamente, mientras que el gobierno central
gasta directamente el 74%. Si se retira del cálculo la valorización
de los ingresos provenientes de la eliminación de las exoneraciones tributarias,
las cuales han sido asignadas como recursos de inversión a las regiones,
resulta que las regiones son responsables de tan solo 15% , mientras que el
Gobierno Central gasta directamente 80% del presupuesto nacional. La mayor parte
de los recursos de inversión han quedado en manos del Gobierno Central,
mientras que los Gobiernos Regionales tienen un alto porcentaje dedicado al
pago de planillas. Como puede verse, al menos en su etapa inicial, la descentralización
no ha sido acompañada por una modificación realmente significativa
de la concentración de recursos, una de las características estructurales
del Estado peruano.
Por otra parte, la consolidación del proceso descentralista supone que
la reforma supere la mera desconcentración administrativa. La descentralización
debe ser parte de un proceso de reforma integral del Estado que oriente sus
objetivos en tres dimensiones: la profundización de la democracia mediante
la participación y la concertación; la generación de estrategias
de desarrollo territorial; y la construcción de una estructura estatal
más eficiente y transparente. A nueve meses de instalados los gobiernos
regionales, se puede tener una primera apreciación de la marcha de la
descentralización, aunque el entorno en el que iniciaron su gestión
fue complicado -coincidió con la apertura del año presupuestal
y cuesta poner en marcha el aparato por el desfase y la lentitud de las transferencias
del tesoro publico- existe una marcada debilidad en términos de formulación
de planes de desarrollo de las regiones, que se refleja en la dificultad existente
para formular proyectos sólidos que orienten la inversión pública,
así como para diseñar políticas de promoción de
la inversión privada que vayan más allá del discurso privatizador
del neoliberalismo, todo ello en el marco de estrategias más amplias
de desarrollo.
Flor de Maria Córdova
(CIPCA)
