En el incipiente proceso de descentralización, muchas son las expectativas
de la población con respecto a lo que desearía tener en su región
como expresión de un progreso económico y social al cual siempre
han aspirado. Las demandas regionales, que no son pocas, vienen exigiendo respuestas
rápidas por parte de las autoridades. Pese a ello, el Gobierno Central
espera también una adecuada respuesta de los Gobiernos Regionales al nuevo
desafío que la descentralización les propone. En el medio, la población
espera con ansias beneficios inmediatos y tangibles – generalmente, de corto
plazo – de la creación de este nuevo nivel de gobierno; bajo la creencia
de que esta primera etapa de la reforma descentralista, de corte mas bien político,
produce de forma instantánea desarrollo económico y social. Lo que
el ciudadano pareciera no entender es que, a la fecha, se han dado normas que
facilitan la transferencia de las primeras responsabilidades del Gobierno Nacional
hacia los GR, lo que no significa inmediatas transformaciones económicas,
sino que asienta las bases para las mismas.
La población regional ambiciona tanto decidir directamente sobre su
destino desde su GR, así como obtener progreso económico, impulsado
en parte por los dineros públicos destinados a la región. No obstante,
se observa un sensible desfase entre los objetivos políticos y económicos
de la descentralización. La porción del presupuesto público,
que contribuye a dinamizar las economías regionales, es aún limitada.
El presupuesto destinado a los veinticuatro GR a duras penas alcanza el 15%
del total nacional, del cual a Piura se le asignaron para el 2003 433,653,588
nuevos soles. El Gobierno Nacional ejecuta el 42.95% de los fondos públicos
destinados a nuestra región, mientras que los Gobierno Locales, que en
Piura ascienden a 64, ejecutan tan solo el 12.29%.
Mas aún, la forma de ejecución de gastos del Gobierno Nacional
y los Gobiernos Locales difieren, dejando entrever dos perspectivas de desarrollo
encontradas. Analizando los grupos de gasto público en Piura, veremos
que el primero dispone de mayores recursos para gastos de capital (45.49%),
es decir, buena parte de las inversiones; mientras que el GR tiene una muy alta
proporción asignada a los gastos corrientes (75.87%).
Esta estructura de asignación de gasto hace que el Gobierno Nacional
tenga mayores posibilidades de ejecutar alguna inversión u obra que el
propio GR. Sin embargo, en el actual proceso descentralizador, las expectativas
de la población están orientadas a las acciones e inversiones
en infraestructura hechas por el GR, por lo menos en este primer momento. El
desencanto existente se debe en alguna medida a la forma como se están
programando la ejecución de inversiones por niveles de gobierno. Por
ello, además de contar desde los GR con medidas para promover la atracción
de capitales que ayuden a impulsar la dinámica económica regional,
no hay que descuidar la programación de inversiones y gastos corrientes.
Es posible que dentro de la visión centralista del Estado Peruano se
esté esperando una demostración por parte de los GR de su capacidad
de planeamiento y gestión para así transferir paulatinamente recursos
que la población regional requiere para satisfacer sus necesidades más
urgentes y garantizar su desarrollo en el largo plazo. En consecuencia, modernizar
la gestión pública a nivel regional debe convertirse en una prioridad
tanto para atraer inversiones privadas como para incentivar la aceleración
de la transferencia de funciones, atribuciones y recursos desde el Gobierno
Central. El desequilibrio en la estructura de presupuestos debe ser corregido
tanto por voluntad política del Gobierno Central como por el fortalecimiento
de capacidades en los GR.
Julio C. Olivo García
CIPCA - Perú
