Para entender el papel que juega la sociedad en su conjunto en la construcción
de la competitividad como herramienta para el desarrollo de la región,
es conveniente empezar por revisar la evolución del concepto de competitividad.
Las primeras teorías de competitividad se enfocaron en el nivel empresarial,
es decir, en optimizar las condiciones de las empresas para producir a menor costo
y con mejor calidad que sus competidores mediante la mejora tecnológica,
tanto en la producción como en la administración. Surgen nuevos
enfoques como el “Just in Time”, la cadena de valor, la reingeniería
y calidad total. Más adelante, se vería que las empresas no son
islas sino que se encuentran interconectadas y, además, dependen en gran
medida del contexto en el que se mueven.
Consecuencia de ello, surgen modelos más amplios de competitividad nacional
y regional. Este complejo modelo de organización, que combina la competencia
con la cooperación a nivel microeconómico, se ve apoyado por un
amplio diálogo social. Ahora sabemos que hacer más competitivas
a las empresas de nuestra región no es una tarea de las empresas, ni
del estado, sino de toda la sociedad civil.
El empresariado debe ser capaz de asociarse en gremios representativos, con
dos objetivos principales: lograr un esquema de cooperación para brindar
apoyo técnico a sus asociados y elevar sus pedidos a las autoridades
de forma organizada. Las comunidades y organizaciones de base deben difundir
entre la población valores culturales orientados al desarrollo. Los jóvenes,
a su vez, deben solicitar a las autoridades que la educación que reciban
sea no sólo de calidad, sino enfocada a la producción y al desarrollo,
de modo que puedan ser acogidos por el sector empresarial al graduarse. Al mismo
tiempo, los gobernantes deben crear condiciones básicas para el desarrollo
empresarial, mediante la regulación de mercados, instrumentos financieros
para las actividades que generalmente no reciben financiamiento tales como la
pequeña agricultura y las PYMES, así como la provisión
de bienes y servicios en los que el sector privado no es muy fuerte (investigación,
capacitación, infraestructura de uso público, etc.). Y así
sucesivamente, existe un rol para cada actor.
De esta manera, estado y sociedad civil van configurando una localización
industrial diferente, que ofrece nuevas y diferentes oportunidades a los inversionistas
locales y foráneos. No obstante, la tarea pendiente para lograr que la
región Piura atraiga a la inversión y brinde condiciones favorables
para la competitividad a las empresas existentes y a aquéllas por venir,
no es una fácil. Será necesario un consenso básico sobre
la necesidad de desarrollo, así como una visión y estrategia formulada
de manera conjunta por representantes de todos los sectores.
El Gobierno Regional ha empezado ya esta tarea, en el marco de la elaboración
del Programa Regional de Competitividad. Se ha formado un grupo impulsor conformado
por representantes de la Gerencia de Promoción de Inversiones y de distintas
instituciones como el CIPCA, CREE, UNP, UDEP, entre otras, el cual se viene
reuniendo para organizar un proceso participativo de elaboración de dicho
programa. El siguiente paso será convocar a representantes de todos los
sectores (empresas, universidades, institutos, ONGs, autoridades sectoriales,
etc.) a una serie de talleres para elaborar el programa que será presentado
al Consejo Nacional de Descentralización. En el alcance de dicha convocatoria
radicará, en gran medida, el éxito o fracaso del proceso, ya que,
de no verse representado uno u otro sector, difícilmente se logrará
un programa concertado que refleje las necesidades e intereses de toda la región.
Esperemos, entonces, por el bienestar de la región, que todos los sectores
acepten este desafío.
Rosa Lyn Joy Way
