Es bien conocido que para lograr un ambiente competitivo favorable a las empresas que operan en un determinado territorio, no basta con centrarse en el impacto de las características macroeconómicas del entorno empresarial (política monetaria, política fiscal, tipo de cambio, entidades gubernamentales y reguladoras, etc), sino se hace cada vez más necesario garantizar un ambiente empresarial microeconómico propicio a generar niveles más elevados de riqueza colectiva.

Dentro de este ambiente microeconómico empresarial es posible encontrar una amplia gama de “instituciones de competitividad” que posibilitan las interacciones entre las empresas de una misma industria y entre éstas y las instituciones del Estado y otras organizaciones con la finalidad de facilitar la innovación, aumentar la eficiencia, mejorar la productividad y fomentar la creación de asocios valiosos. Estas instituciones incluyen a las cámaras de comercio, asociaciones de industrias, asociaciones de productores, asociaciones profesionales, universidades, centros de investigación y desarrollo, centros de capacitación, entidades de promoción de exportaciones, organizaciones microfinancieras sin fines de lucro, entre otras.

Pero avanzar en esta institucionalidad para la competitividad, exige considerar al menos las siguientes tres premisas. Primero, la reivindicación de una mayor autonomía a la región para manejar sus propios asuntos, en particular aquellos que le permitan contar con las condiciones para asumir y liderar procesos de competitividad del entorno y de la economía regional. Segundo, desarrollar múltiples formas para la cooperación y coordinación interinstitucional entre diversas organizaciones públicas locales; los gobiernos nacionales no deberán obstaculizar el desarrollo de una institucionalidad regional que esté en capacidad de administrar en forma competitiva su territorio y su economía. Finalmente, la cooperación público-privada que pueda concretarse en formas de organización para compartir y gestionar proyectos de interés común, construir acuerdos, resolver conflictos, facilitar la cooperación social y la participación ciudadana, e integrar políticas públicas con proyectos empresariales estratégicos.

En este sentido, es muy oportuno reflexionar sobre el grado de desarrollo de estas instituciones de competitividad en nuestra región y sobre el rol que vienen desempeñando para mejorar la productividad y la competitividad. Hay que destacar que en Piura, la plataforma de concertación denominada Grupo Impulsor de la Competitividad culminó a inicios de año la elaboración del Programa Regional de Competitividad que será la base del futuro Consejo Regional de Competitividad, organismo que se encargará de monitorear la aplicación de los lineamientos de política establecidos en el Programa y reforzar los vínculos con el sector empresarial.

La conformación del Consejo Regional de Competitividad es una propuesta de coordinación institucional entre diferentes actores públicos y privados de la región para asumir colectivamente el desarrollo de acciones en beneficio de la competitividad regional. En tal sentido es preciso dar continuidad al proceso -adelantado con la formulación del Programa Regional de Competitividad-, profundizarlo y obtener logros tangibles para su consolidación.

Entre las acciones a futuro que deberán iniciarse para ese fin además de la definición de la institucionalidad del Consejo, están la discusión y validación de un Plan de acción regional de corto, mediano y largo plazo así como el establecimiento de los plazos para empezar su ejecución; la valoración del costo del Plan y el establecimiento de las fuentes de financiamiento de los diferentes proyectos; la priorización de proyectos y definición de gestores que tendrán a cargo dichas iniciativas público-privadas; y el desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente que permita la difusión institucional y retroalimentación permanente de la estrategia de competitividad.

Es fundamental por tanto el compromiso y el respaldo político para la iniciativa de conformación del Consejo Regional de Competitividad, así como la asignación de recursos para asegurar su funcionalidad. De igual manera el desarrollo de investigaciones del sector académico, el liderazgo del sector empresarial -que debiera constituirse en el coordinador del proceso y en el canalizador de propuestas para mejorar la competitividad del sector productivo-, y la participación de la sociedad civil en las reflexiones y propuestas de acción.

En resumen, es importante avanzar no sólo en infraestructura tangible que conecte a nuestra región con el exterior, sino avanzar en estas formas de “infraestructura” intangible que conectan a nuestra región internamente para lograr mejoras en la productividad y competitividad empresarial.

María Teresa Gallo
CIPCA
Publicado en Diario El Tiempo
02 de Diciembre del 2004