En estos últimos años nos hemos visto inmersos en una serie de nuevos enfoques de desarrollo en que el libre mercado ha insertado muchos de sus elementos de juego en la modernización de las economías nacionales, regionales y locales dentro de un sistema económico mayor. Al mismo tiempo vemos que dentro de la necesaria modernización del estado latinoamericano se empiezan a desplegar mecanismos de participación de la ciudadanía, para compartir el poder de decisión entre las autoridades electas y los ciudadanos individuales o a sus organizaciones para que estas fortalezcan el sistema democrático liberal.

Muchas veces estos dos procesos no son percibidos como parte de un mismo proyecto de desarrollo, antes bien son tratados de forma separada aunque los resultados son el fortalecimiento mutuo de la parte económica de un modelo y su contraparte político-social. Sin embargo nos encontramos con que existen resistencias o mejor dicho muchas acciones por hacer para encajar en esta propuesta y sobre todo apropiar mecanismos, procedimientos y adaptarlos a nuestra realidad, sin descuidar lo social y lo ambiental. Estas acciones deben vincularse directamente con el nivel de institucionalidad existente en cada espacio en el que se desea tener una economía fortalecida, por lo que los gobiernos locales y regionales deben tener niveles aceptables de cohesión y coherencia en cuanto a los objetivos de desarrollo.

Un mecanismo de participación ciudadana regional, entre otros existentes, es la vigilancia ciudadana, que es un medio de control democrático informado y propositivo sobre el desempeño de las autoridades y de las instituciones, sobre la consecución de sus objetivos y de la eficiencia de sus instrumentos que garanticen la estabilidad del escenario competitivo. Una ciudadanía vigilante y responsable debe ser informada y consciente que su misión tendrá frutos no sólo dentro de la institucionalidad político administrativa regional, sino dentro del desarrollo económico a mediano plazo.

Existen ya en Piura algunos esfuerzos de vigilancia ciudadana que desean contribuir al afianzamiento de la participación y el mejor control de los recursos y formulación o ejecución de políticas o estrategias llevadas adelante por el sector público, pero éstas deben distinguirse de aquellas acciones de “fiscalización” obcecada en la que más que un elemento de avance, el afán acusador tiende a convertirse en un vano obstáculo. Por ello, es indispensable contar con programas bien estructurados acerca de lo que se desea controlar, tener un método claro y sistemático que facilite el contraste temporal y sectorial de información y de este modo también darle solidez y seriedad a la vigilancia. Por ejemplo, actualmente existen mecanismos de control por parte del gobierno central (Contraloría General de la República) y legislación nacional que obliga a la transparencia administrativa mediante la publicación de convocatorias y resultados de concursos, éstas pueden resultar insuficientes para la opinión regional, para ampliar las prácticas de transparencia exigidas por ley ya existentes en los niveles regional y local. La información sobre desempeño de autoridades, asignación de recursos financieros y su ejecución, así como el estado de avance de los temas de agenda regional para lograr mejores niveles de desarrollo, resultan importantes temas que no solo deben quedar en nivel de esclarecimiento si es que no hay claridad de ejecución o desidia, sino también dar soluciones o sugerir salidas o contribuir a aclarar panoramas, recordar trabajos y experiencias regionales previas.

La vigilancia ciudadana así, forma parte de la estrategia de desarrollo regional en la que se debe fortalecer la imagen de las autoridades e instituciones, repercutiendo en la formación de escenarios atractivos y fértiles para el desarrollo económico. Sólo contando con un marco económico, legal y social estable es posible dar soporte a las empresas ya establecidas y, más aún, atraer nuevas inversiones que impulsen el crecimiento de la región. Por lo tanto, no se trata tan solo de un proceso político, sino que forma parte, a la larga, del fortalecimiento de todo el sistema productivo regional. Una actitud activa por parte de la población y una buena disposición de las autoridades y funcionarios para oír las necesidades y propuestas, así como las observaciones que la ciudadanía mediante la vigilancia haya podido identificar, contribuyen a la construcción del desarrollo integral a mediano y largo plazo.

Julio C. Olivo García
Cipca - Piura