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El Oro Negro: El Petroleo

El norte del Perú, en especial la franja litoral de los departamentos de Piura y Tumbes, es muy rico en depósitos terciarios donde durante millones de años se fuera acumulando el petróleo[i]. En el Perú, desde siempre los nativos habían usado el "copeé" y durante la colonia, la brea que afloraba en los pozos de la hacienda Máncora había sido utilizada para calafatear barcos y botellas.  Sin embargo, sería recién en la segunda mitad del XIX cuando se redescubriera la naturaleza combustible del petróleo y se comenzara a industrializarlo en velocidad creciente, primero como aceite y luego como crudo de petróleo con un número de derivados.

Desde 1860 comienza a crecer el interés por la producción petrolera no en vano en Zorritos se perforaría el primer pozo petrólero en Suramérica (Petersen, [1181]; [1182]). Don José de Lamas sería el último en explotar las Breas de Amotape[ii] y el primero en dedicarse a la extracción de petróleo.  Veintiséis pozos pasarían a su viuda, quien en 1858 uniría la propiedad con la hacienda Pariñas, heredada de su madre doña Luisa Godos.  Con límites y linderos muy poco precisos tal como era la costumbre durante la colonia, la ahora hacienda "Brea y Pariñas" es heredada por Juan de Helguero; uno de cuyos hijos, Genaro Helguero logrará adquirir las partes de sus hermanos y coherederos (Quimper, [1144]).

A partir de él, comenzará la "cuestión de la Brea y Pariñas", problema que irá creciendo en virulencia conforme transcurriese el tiempo.  Pero en esta época, Helguero logra la propiedad del terreno superficial y del subsuelo, yendo en contra de las Ordenanzas de Minería de la Nueva España, código de minas aceptado y vigente a la fecha por el gobierno del Perú; para 1887, la Brea y Pariñas había sido escrita a su favor, fuera de la ley de minas y con la contribución correspondiente a tres pertenencias. Pero más importante fue que luego como representante de Piura en el Congreso, Helguero lograra monopolizar la actividad, evitando cualquier otro denuncio u explotación petrolera: su propiedad ya alcanzaba allí las diez pertenencias, 1300 kms2.

En 1890, hará su aparición la London & Pacific Petroleum Co. que a través de H.C Tweddle, adquirirá la "Brea y Pariñas".  Nombrado gerente vitalicio, sus vinculaciones con la compañía inglesa serán a través de una sociedad con Henry Keswick y, al parecer, un mal planteado contrato.  La pugna entre Tweddle y su hijo con esta firma inglesa y su nuevo gerente en el Perú, W. Manners ([1142], [1143]) será el signo del creciente interés por el control de la producción petrolera.  Pero junto a la London aparecerán un número de compañías a la búsqueda de petróleo en el litoral del extremo norte: en 1895 se iniciaría en Sechura la exploración de hidrocarburos (Petersen, [1178]).  Por esos años en Tumbes, la firma Comercial Industrial Faustino G. Piaggio había dado pie a la creación de la Kello Co., adquirida en 1919 por el gobierno del Perú y convertida en la "Empresa Petrolera Fiscal".  En Zorritos, The Heat Petroleum Co. (1891), establecida por Francisco Miranda, se dedicaría a la prospección de la Quebrada del mismo nombre y pasaría luego a convertirse en la Compagnie Française des Petroles de l'Amérique du Sud bajo la dirección del ingeniero francés De Clercy (Quiroga, [1185]). En Lobitos,  The Peruvian Petroleum Sindicate (1901), luego en la Lobito Oil Fileds Limited (1908) terminaría convertida en la Companía Petrolera Lobitos (1926) (Aldana, [1193]).  Entre 1924 y 1928 se preforarían 11 pozos en los alrededores de Bayóvar y tres en la localidad de Tamarindo. Para 1929 se habían realizado 3,730 perforaciones de los cuales se lograron 2,195 pozos.  Sin embargo, fallidos muchos de los intentos de explotación petrolera, estos pozos serían abandonados y recién volverían a ser retomados los estudios y las prospecciones en la década de 1950.

Pero el momento en que el problema del petróleo se convierte en un asunto de soberanía nacional es 1911, cuando el gobierno peruano ordena la remensura del área bajo control de la London & Pacific Petroleum Co. a lo cual se niega el dueño y gerente, Henry Keswick.  Problema que inicialmente se trató de solucionarlo por la vía privada pero que a partir de 1915 tomó estado parlamentario cuando se trató de llevar a cabo un proyecto de "ley de transacción".  Posiciones a favor, posiciones en contra, en el Senado se presentó un proyecto substitutorio apoyado por Osores y Villarán ([1146]), que contenía entre otras cosas, modificaciones tributarias y que fuera rechazado en Diputados.  Finalmente, como el nuevo proyecto de ley de transacción tampoco fue aceptado, esta vez por la London, se dio pase al poder ejecutivo para someter el asunto al fallo de un tribunal internacional.  Será Manuel Quimper ([1144]) quien en 1916, y mediante una serie de artículos periodísticos perfile los puntos básicos de discusión y de reinvindicación nacional.  No obstante, "la ley No. 3016 colocó el problema de la Brea y Pariñas dentro del área del Derecho internacional, dando origen al Laudo Arbitral del 24 de abril de 1922" ([s.a.], [1146]).

Con el ascenso de Leguía al poder y la inauguración de su oncenio, se dio amplia cabida al capital norteamericano.  La International Petroleum Co. reemplazó a la compañía inglesa en la explotación de los petróleos norteños en 1921, recibiendo 41,614 pertenencias marcadas oficialmente a favor de la London, con firma de los ingeniero Jochamovitz y Boza.  El tipo de explotación petrolera desarrollada por la IPC y la economía de enclave significó una creciente presión social para la población regional, lo que unido al momento histórico mundial y nacional de luchas por reinvindicaciones laborales, causó una agresiva aunque desorganizada respuesta de los trabajadores.  Sucesivas huelgas y las consecuentes represiones de la policía y de la compañía petrolera, fueron elevando el nivel de violencia.  La caída de Leguía se conjuga con la gran huelga petrolera de 1931, en la que por primera vez se cuenta con el asesoramiento político de partidos de reciente data, el Apra y sobre todo el partido socialista bajo la dirección de Luciano Castillo y el activismo de Sinforoso Benítez[iii].

A partir de 1945 se sindicalizan los trabajadores y se inicia una nueva etapa bajo el gobierno de Bustamante, en momentos en que el Apra se expande por el norte y el partido socialista trata de consolidarse en la misma zona: la problemática obrera girará en torno a la pugna de los dos partidos por colocarlos bajo su influencia (Dávila, [1196]).  Pero la cuestión de la Brea y Pariñas volverá a ponerse sobre el tapete hacia 1960, cuando se exiga el pago del canon y de impuestos atrasados, a la vez que cae la capacidad de cumplir con la creciente demanda interna de combustible.  Mientras que en los años '30 se exportaba por Talara más del 80% de la producción, en 1961, esta zona se vió obligada a convertirse en importadora de petróleo[iv].

Se cuestionan, cada vez con mayor violencia, los derechos de la IPC a la explotación de una riqueza del país: la soberanía nacional queda más que nunca en entredicho. En síntesis, la posición nacionalista se podría resumir en lo que planteara el Frente Nacional de Defensa del Petróleo (FNDP, [1152]): la IPC no puede alegar derechos a la explotación del subsuelo porque éste pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible; si la compañía americana hubiera adquirido las Minas de Amotape, en el momento ya las había perdido, tanto por la falta de revalidación de los títulos (de los que, por otro lado, carecía) y principalmente por la falta de pago del impuesto del canon y la debida multa.  Por otro lado, el Laudo Arbitral de 1922 no tuvo nunca sustento real pues toda decisión sobre cualquier recurso, tierras, personas, empresas de y en el territorio nacional le compete a los poderes del Estado y no a la comunidad internacional.  El ámbito jurídico y la legislación tributaria que debía respetar y cumplir la IPC era la del  Estado peruano; no había posibilidad de llegar a una transacción o de adaptarse a un nuevo régimen substitutorio.  No faltó sin embargo, alguna voz contraria a esta oposición, que reclama una mayor objetividad y señala una cierta pertinencia de la posición jurídica de la IPC. En la misma época, Echecopar ([1150]) señalaba que fue el estado peruano el que en 1920 estableció el convenio en el marco del derecho internacional y que, lesivo o no a los intereses del país, debía ser aceptado y respetado por los gobiernos posteriores.  Al mismo tiempo, resaltaba el hecho que por su naturaleza, toda "explotación" minera está siempre referida al subsuelo y que eso no cuestiona de por sí la soberanía nacional.

El asunto de la Brea y Pariñas, convertido ahora en el problema de la IPC y el enclave petrolero de Talara, se convertiría en un callejón sin salida.  La creciente violencia política que generara a nivel local (huelgas) y nacional (virulentos debates parlamentarios) terminaría con la toma de este puerto por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, gobierno de facto.

Con la intervención militar de la IPC en Talara en 1968, la creación de Petroperú y la construcción del oleoducto que enlaza Puerto Bayóvar y los pozos de la selva abastecedores con más de la mitad de la producción nacional, se cancela una etapa histórica en la que la cuestión del petróleo giraba en torno a los recursos regionales y la soberanía nacional sobre el subsuelo talareño. En adelante el objeto de la reflexión será más las idas y venidas de la política nacional[v]. En los años '90, la privatización estará a la orden del día y será motivo de un arduo debate, todavía periodístico. Veinticinco años después de la creación de Petroperú, la Ley orgánica de Hidrocarburos 26221 del 18 de noviembre de 1993, crea el nuevo ente estatal Perupetro encargado de la supervisión de los contratos petroleros, mientras que la empresa Petroperú se constituye en un simple contratista en competencia con otra compañías petroleras (Petroperú, [1198]). Muchos problemas deben ser enfrentados: revertir la tendencia declinante de las reservas de petróleo del país, reducir el déficit de la balanza comercial de derivados de hidrocaburos y finalmente crear un mercado para el uso del gas de Camisea.

En lo inmediato, la oposición de los pueblos de la región y de sus municipios a la eliminación del canon[vi] como consecuencia de la privatización y la amplitud de su movilización en 1994 obligó al CCD a modificar de inmediato lo dispuesto por la Nueva Constitución aprobada en diciembre de 1993.

Notas.-