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Hacia
una Visión de Futuro:
Piura
Región
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1.
La Región: una posibilidad de desarrollo y gobierno democrático
Hoy
en día más que nunca se abren nuevas posibilidades económicas y políticas
para que las regiones dejen de ser sólo un espacio de demarcación política-territorial
con una historia común. Deben dejar de ser un espacio marginado por el
centralismo que concentra recursos y oportunidades de desarrollo en la
capital del país, así como la toma de decisiones políticas en las
instancias del gobierno central. Las regiones deben convertirse en un
espacio de desarrollo y gobierno democrático.
Existe
un nuevo orden económico mundial que favorece el despegue económico de las
regiones capaces de desarrollar ventajas comparativas que ofrezcan
oportunidades a la inversión privada para que puedan producir un mayor
valor agregado con menor costo, más calidad y en el tiempo que lo demande
el mercado interno o internacional.
Está
en marcha un nuevo proceso mundial de desconcentración de los procesos de
producción, distribución y organización empresarial capitalista favorable
a la coexistencia de grandes, medianas y pequeñas empresas competitivas.
Los nuevos patrones de crecimiento capitalista y de competitividad
empresarial vienen sustituyendo a la competitividad tradicional basada en el
proteccionismo estatal, la explotación irracional de los recursos naturales
y la explotación de mano de obra no calificada. Los productores no pueden
estar de espaldas al mercado, mirando siempre al Estado, so riesgo de
desaparecer como tales.
En
ese nuevo contexto, las inversiones tienden a ejecutarse en aquellos
espacios que ofrecen más ventajas económicas para producir y distribuir la
mercancía final. Asimismo, la competitividad empresarial depende cada vez más
de la capacidad de innovación tecnológica, como la incorporación de la
electrónica y la informática en el campo de la industria, el comercio y la
gestión empresarial. El libre ingreso y salida de los capitales así como
el acceso a las nuevas tecnologías que suponen esas tendencias se han
facilitado con la liberalización de las economías nacionales.
Existe
un nuevo orden político mundial favorable a los procesos de descentralización
política territorial, a la transferencia efectiva de atribuciones,
competencias y recursos del gobierno central al gobierno regional y los
gobiernos locales.
El
cambio de mentalidad y de actitud política que se viene dando en la
sociedad, se expresa en el creciente rechazo al centralismo, al paternalismo
estatal, a las políticas populistas y a los sectarismos políticos. Esto
tiende a favorecer el protagonismo de la ciudadanía y de las instituciones
de la sociedad civil en las decisiones que conciernen al bien común.
Un
bien común que se percibe no sólo como nacional o sectorial, sino
crecientemente como un bien común de las poblaciones que comparten un mismo
territorio y una misma historia local: la reivindicación de la participación
ciudadana e institucional en la gestión del desarrollo local y regional es
hoy una tendencia mundial.
Esta
reivindicación es más aguda en aquellos espacios económicamente rezagados
y que cuentan con ciudadanos e instituciones que pugnan por convertir a su
región en un espacio de oportunidades de desarrollo y empleo de calidad,
aprovechando las posibilidades y controlando los riesgos económicos,
ambientales, sociales y políticos que enfrenta su futuro.
Los
procesos de modernización municipal, participación ciudadana e
institucional en la gestión pública, y de reformas estatales hacia la
regionalización en América Latina son parte de este proceso.
En
el caso de nuestro país, las poblaciones de los diferentes departamentos
ambicionan un crecimiento económico sostenido local que genere empleo
suficiente y de calidad para disminuir la creciente pobreza. También que
articule entre sí las actividades extractivas, transformativas, de
servicios y de comercialización interna y de exportación, para aumentar
las eficiencias regionales. Es imprescindible, al mismo tiempo, que se
conserve los recursos naturales y condiciones ambientalmente sanas.
Es
también una necesidad poblacional el funcionamiento de verdaderas
instancias de gobierno que coordinen con el gobierno central, hacia arriba,
y con los gobiernos locales, hacia abajo.
Hay lecciones que resumir del proceso de regionalización anterior.
Leyes que proponer, a partir de los artículos de la Constitución Política
que establecen tanto la participación ciudadana en la gestión pública
como la creación de instancias de coordinación regional, de las que son
miembros natos los alcaldes provinciales.
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