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HISTORIA
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El Siglo XX de Nuestros Días
El siglo XX
trajo consigo una serie de cambios inéditos.
Los adelantos técnicos, el desarrollo -aunque incipiente- de la
industria, la construcción de vías de comunicación quebraron en gran medida
el aislamiento de las regiones. Los núcleos costeños se desenvolvieron cara a
la exportación, impulsando el desarrollo del litoral y relegando a la sierra.
El centralismo pasa a ser la característica del Estado; las decisiones económicas
y todos los intentos de desarrollo industrial se concentran en la capital.
El mundo urbano
se acerca al medio rural, muchas veces avasallándolo. El perfeccionamiento y
generalización de los medios de comunicación social difunden una
"cultura" única y uniforme para todos a través de los periódicos,
la radio y la televisión. Pero
también la población rural irrumpe en el medio urbano: la búsqueda de mejores
condiciones de vida impulsa a la inmigración a las ciudades de costa; migración
sin industrialización que es característica de este siglo.
El siglo también
marca un cambio en el desempeño y constitución de asociaciones políticas.
Nacen y se desarrollan partidos de cobertura nacional como el Apra, Acción
Popular y varios grupos de izquierda. La política deja de ser el coto de los
grupos de élite para convertirse también en asunto de campesinos, obreros,
empleados; se tiende hacia la democratización en todas las instancias y niveles
de la sociedad. No sólo aparecen sindicatos, sino también federaciones
campesinas, rondas, asociaciones barriales, clubes de madres, entre otras.
Pero la
violencia no está ausente. En los sesentas se desarrollan movimientos
guerrilleros focalizados sobre todo en la ceja de selva. Veinte años después
surgirán movimientos guerrilleros-terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso,
que recurren a métodos sanguinarios con la finalidad de imponer proyectos políticos
radicales de izquierda en el plano nacional.
Sin embargo se
produce una ofensiva sin precedentes en el campo cultural. Mientras que muchos desaparecen, un gran número de los
modelos tradicionales de vida se transforman en folklore para sobrevivir.
Una cultura urbana impone lentamente su modelo y su sello a las
manifestaciones populares; algunas unifican regiones y se convierten en espacios
comunes de identidad nacional, como la afición al fútbol o el culto al Señor
de los Milagros.
La política de mitad del siglo: la transición
Después del efímero
período de Luis Bustamante y Rivero quien llegara a la presidencia gracias al
apoyo del APRA, un golpe de estado pondría en el poder a Manuel Odría.
El "ochenio" (1945-1953) se caracterizó por la corrupción
administrativa y por su intransigencia política a la oposición; apristas y
comunistas fueron declarados fuera de la ley y perseguidos. Su política económica
buscó beneficiar a los productores y exportadores de la costa, eliminando los
controles del tipo de cambio monetario. La construcción de infraestructura de
servicios fue la tónica de su gobierno; las grandes unidades escolares e
importantes hospitales fueron levantados en su período.
En estos años
se intensifica el proceso de urbanización en el país a causa de la primera
oleada de inmigración del campo a la ciudad; en adelante, no se detendría el
desplazamiento continuo y permanente de la población rural hacia los núcleos
urbanos. Aunque Lima es el
principal polo de atracción y absorve la mayor cantidad de migrantes, el mismo
proceso se repite en las principales capitales de departamento de la costa y
principalmente Cusco y Huancayo, en la sierra.
En Piura, aparecen numerosos pueblos jóvenes a las salidas hacia
Catacaos y Paita.
El proceso político
posterior es complejo; los '50 serán los años de los grandes cambios
internacionales: el inicio de la guerra fría y la división de la supremacía
política mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
El Perú bajo el gobierno de Manuel Pardo, se mantiene a la expectativa;
los gobiernos posteriores deberán enfrentar el impacto del nuevo orden mundial.
Mientras tanto el APRA fue legalizado; su presencia y probable victoria
en las elecciones de 1962, fueron causa de la anulación de estas últimas por
las fuerzas armadas y de que un triunvirato asumiera el poder de manera
transitoria.
Fernando
Belaunde será el siguiente Presidente democrático; su gobierno fue una etapa
de fuerte inestabilidad: a la oposición del APRA y de la UNO se sumó un
creciente descontento en las áreas rurales.
Las revueltas de las comunidades de Cerro de Pasco y las tomas de tierras
del valle de la Convención en el Cuzco, Tacalpo (Ayabaca) y en el Bajo Piura
forzaron la implementación de una primera y tibia Reforma Agraria.
Es la época en que siguiendo el ejemplo de Cuba aparecen una serie de
guerrillas en la sierra de Piura, en la selva central y en la de Cuzco; tres
"frentes" que serían rápidamente desarticulados por las fuerzas
armadas. Finalmente, al actualizar
el problema del control de los recursos petroleros, se firma el "acta de
Talara", el acuerdo entre el gobierno peruano y la IPC. El escándalo de la
"página once" sería el detonante de un golpe militar y causa del
ascenso de Juan Velasco Alvarado al poder.
La modernización de la agricultura costeña: del pima al
capital
El actual sistema de agricultura costeña de Piura y Tumbes se consolida
hacia fines de la primera mitad del siglo XX.
Los créditos y en general, los servicios de la banca se utilizan a favor
de la agricultura. El Pima desplaza definitivamente al Aspero peruano y a las
otras variedades anuales de algodón e implanta una tecnología agrícola
sustentada en el uso de fertilizantes y pesticidas y en la política de campo
limpio después de la cosecha. Proliferan las desmotadoras y las acopiadoras y
se desarrolla la industria de aceite de la pepita de algodón.
El nuevo auge algodonero de la post-guerra intensificó el proceso de
concentración de tierras.
La agricultura
pasó a ser una empresa; los antiguos intermediarios -generalmente extranjeros-
convertidos en hacendados, además de ocuparse en la producción se encargaron
también de la comercialización de sus productos. La base del sistema fue el
monocultivo y la exportación algodonera. La burguesía comercial que se
desarrolló diversificó sus actividades en y fuera de la región a partir de
este producto; desde las fábricas aceiteras hasta las de textiles, pasando por
la industria cervecera, la importación y exportación de maquinarias e incluso
interviniendo en las grandes finanzas.
De manera
cualitativamente distinta, la nueva dinámica del ciclo agroexportador y la
modernización del agro absorbieron también al campesinado costeño y junto con
él, a la pequeña y mediana propiedad no hacendaria. Se vieron obligados a seguir el ritmo agrícola de la élite
hacendaria: respetar el mismo cronograma de siembra, utilizar el mismo sistema
de irrigación, adoptar el uso de fertilizantes e insecticidas y, sobre todo,
servirse del crédito bancario. Su producción era vendida a acopiadores y
finalmente comercializada en conjunto con la de la gran propiedad.
Pero en estos
últimos años la crisis del algodón y la creciente dificultad en el acceso al
crédito agrícola va de la mano con la diversificación de los cultivos:
aumenta el hectareaje de productos como el arroz, el maíz y la caña de mercado
nacional y el de plátano y el de mango de mercado mixto, nacional e
internacional.
Al momento, una
incipiente industria busca aprovechar los recursos regionales:
criaderos de langostinos en Tumbes, fábricas conserveras en Sechura, de
productos lácteos en Sullana y de aceite de limón en el Alto Piura.
La agroindustria se perfila como la alternativa al desarrollo económico
regional.
El Golpe Militar: un militarismo populista
En 1968, un
golpe de estado coloca en el gobierno de la república a una junta militar:
"la Revolución Peruana" se había iniciado. El Estado intervino en
los diferentes aspectos de la vida pública del país. Por medio de
decretos-leyes se propuso mejorar la producción nacional y su distribución,
las relaciones laborales, el sistema educativo, el uso de los medios de
comunicación, etc.
Sus primeras
acciones pretendieron asegurar la intangibilidad de los derechos nacionales
frente a las empresas extranjeras. La nacionalización de la International
Petroleum Company, con sede en Talara, encabezó la de muchas otras, como la de
Cerro de Pasco Mining Co. o la de la Marcona Mining Co. que se convirtieron en
empresas estatales: Petroperú, Centromin Perú y Hierro Perú, respectivamente.
Mientras que la primera monopolizaba la extracción y la venta del petróleo y
de sus derivados, Minero-Perú centralizaba toda la comercialización de los
productos mineros.
Con la Reforma
Educativa se impuso un programa de enseñanza único y obligatorio a nivel
nacional que había sido elaborado en base a un diagnóstico exhaustivo de la
realidad educativa. El objetivo de
la Ley General de Educación (1972) fue rescatar los valores de la cultura
nacional y promover en el estudiante la solidaridad y la cooperación con la
sociedad a fin de consolidar el
proyecto político general. Para reorganizar el sistema, se crearon los Núcleos
Educativos Comunales (NEC) que zonificaban y
descentralizaban la administración educativa y promovían la participación
de la comunidad. Pero la ley no dio
los resultados esperados: en su contra se combinó la ineficiente burocracia
estatal y la oposición de los maestros, que defendían sus antiguas condiciones
laborales.
Dentro del
marco de las políticas educativas, el Gobierno Revolucionario pretendió también
la socialización y la democratización de los medios de comunicación: sobre
todo la prensa pero también la radio, la televisión, la publicidad y el cine
fueron afectadas por normas que "parametraban" la libertad de expresión.
Los diarios de oposición intransigentes, Expreso y Extra, fueron
entregados a los trabajadores (1970) mientras que más tarde se intervendría en
los demás de circulación nacional (1974) para adjudicarlos a grupos
organizados: El Comercio a la Confederación Nacional Agraria, La Prensa a la
Comunidad Industrial, El Expreso al Ministerio de Educación, etc.
Ya en la segunda fase, múltiples problemas de gestión y financiamiento
provocaron la crisis de los diarios y como consecuencia, su estatización; y en
la lógica del desmantelamiento de las reformas iniciales, se revirtió el
proceso y los diarios fueron devueltos a sus antiguos dueños.
Gremios,
sindicatos, yanaconas, comunidades campesinas y nativas, fueron el foco de
atención de la nueva política del Estado.
Se les benefició con un conjunto de medidas que cruzaron desde lo económico
con el reparto de tierras de latifundio, pasando por lo social con las nuevas
leyes laborales y hasta lo político pues se impulsó su participación en
cuanto grupos populares organizados. Se
buscaba así su apoyo para las reformas emprendidas: el gobierno de facto se
legitimaba con el consenso de una amplia base social.
El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (1972) fue el
organismo encargado de la organización y capacitación de estos beneficiarios.
Con un accionar controvertido, el SINAMOS entró muchas veces en
competencia con otras dependencias del Estado -sobre todo Ministerios-
encargadas de ejecutar las diversas reformas.
La Reforma Agraria en Piura
La sequía de
1965 detuvo el proceso de acumulación de tierras en la costa de Piura, generado
por el nuevo auge algodonero de la post-guerra. En paralelo, se comenzaron a
vender algunas haciendas importantes del bajo Chira, del alto Piura e incluso de
la sierra; familias como los Romero prefirieron invertir en la industria y
finanzas más que en la agricultura. La
reforma agraria propiciada por Belaúnde afectó tan sólo a algunas haciendas
serranas, que fueron compradas por el Estado a solicitud de sus dueños. Por su
lado, las comunidades de Tacalpo, Andanjo y Catacaos iniciaron las tomas de
tierras volviendo a reivindicar la antigua posesión comunal.
La Reforma
Agraria implementada por el Gobierno Revolucionario, afectó de inmediato a los
grandes latifundios azucareros; las haciendas piuranas no estaban aún en la
mira de la expropiación. Ante la
presión del campesinado regional y para evitar la descapitalización de los
fundos, en 1969 se declaró a Piura como zona de aplicación de la Reforma.
Para acelerar los procedimientos administrativos de expropiación, el
SINAMOS promovió tomas de tierras y la creación de ligas agrarias; a su
intervención se sumaba la de otras fuerzas políticas radicales que tenían sus
propios proyectos de reforma. En
dos años fueron ocupadas cerca de 20 haciendas en los valles del Chira y del
Alto Piura.
Los
beneficiarios de la Reforma fueron grupos campesinos organizados bajo formas
cooperativas. La tierra de las
antiguas haciendas fue la base de las nuevas asociaciones agrarias que debían
constituirse en empresas campesinas autogestionarias. Dos modelos fueron
establecidos e impulsados, uno desde el Estado y el otro reformulado de acuerdo
a las necesidades regionales: las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs)
asociaban a los antiguos trabajadores de las haciendas que como socios
participaban de la propiedad de la tierra mientras que en las Cooperativas
Comunales de Trabajadores, ésta pertenecía a la comunidad.
Las primeras se localizaron en el Chira
y Alto Piura y las segundas, por el Bajo Piura.
En paralelo, surgió una forma alternativa a ambos modelos: las Unidades
Comunales de Producción.
Campesinos sin
tierras de la Comunidad de Catacaos ocuparon los terrenos eriazos marginales del
valle y los habilitaron para el
cultivo. Estas tierras no dejaron nunca de pertenecer a la Comunidad sino que
fueron y son explotadas en común por los socios de las UCP's. Este modelo de organización es posible únicamente en el
marco de la propiedad comunal.
En la sierra,
la reforma fue mucho más tardía y tímida que en la costa (1975): la tierra fué
adjudicada mayoritariamente a grupos campesinos y comunidades. No obstante, los agricultores serranos no aceptaron el modelo
cooperativo. SINAMOS se vio
obligado a organizarlos en comités para adjudicarles la tierra: los
"Grupos Campesinos" detentaban en común la propiedad de la tierra y
fueron pensados como organizaciones transitorias hacia formas asociativas.
Tierras adjudicadas por la Reforma Agraria en Piura
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Fuente :
Arce, E. La Reforma Agraria en Piura. (Lima, CEDEP, 1983). |
Pero en Piura, la Reforma no se implementó sobre un agro
desorganizado. Dos grandes asociaciones reunían a los agricultores.
De un lado la "Liga Departamental Agraria y Ganadera de Piura"
congregaba a los hacendados y accionistas de sociedades agrarias; del otro, la
Federación de Campesinos de Piura (FEDECAP), creada durante el primer gobierno
de Belaunde, agrupaba el mayor número de campesinos ya sindicalizados desde la
época del '50.
La ejecución
de la Reforma Agraria fue el campo de batalla de los diferentes grupos y
partidos políticos. Para evitar el
enfrentamiento, la antigua Liga Departamental Agraria se vio obligada a aceptar
a pequeños y medianos productores surgiendo entonces la Federación Regional
Agraria de Piura y Tumbes (1973). El
ingreso de la Comunidad Campesina de Catacaos a la FRADEPT (1978) y la unificación
de las bases de las dos principales centrales nacionales (CCP y CNA)
significaron su conversión en el órgano máximo de representación del
campesinado regional.
La segunda fase: el desmantelamiento de las reformas
En términos
económicos, los planes del gobierno militar no dieron los resultados esperados;
al contrario, se acrecentó la deuda externa y el déficit fiscal. En 1975,
Velasco es depuesto por una nueva junta militar, a cuya cabeza se encontraba
Francisco Morales Bermúdez.
La política de
esta "segunda fase del gobierno revolucionario de la Fuerzas Armadas"
fue el desmantelamiento de los proyectos puestos en ejecución por la anterior,
revirtiendo la ejecución de algunos, dejando que otros siguieran por inercia e
intentando realizar cambios en la economía nacional. Para ello desarrolló una
política de devaluaciones y de reducción del gasto interno, fomentando la
exportación y estableciendo un control de precios sobre un conjunto de
productos básicos.
El nuevo modelo
económico tampoco funcionó. Se multiplicaron las huelgas y las protestas por
la política del gobierno, reclamando el retiro de la junta militar. El
creciente descontento que fue desde las protestas de los policías (1975) hasta
el primer Paro General a nivel nacional (1977) se conjugó con la presión
internacional para la vuelta a la democracia.
Finalmente se convocó a elecciones para establecer una Asamblea
Constituyente que redactara una nueva Constitución del Estado (1979). Los
partidos de centro-izquierda, el APRA y la Izquierda -por primera vez
constituida como frente-, obtuvieron la mayoría de los sufragios y junto con el
Partido Popular Cristiano, la tercera mayoría, sentaron las bases para la
restitución de la democracia.
El gobierno constitucional y la reestructuración Post
Reforma
Fernando Belaúnde
Terry volvió a ser elegido presidente y esta vez obtuvo también el mayor número
de escaños en ambas cámaras. Reactualizando
y concertando alianzas políticas, el AP se convirtió en la mayoría absoluta
del parlamento.
Su política
económica procuró combatir la crisis heredada de los gobiernos anteriores,
"desembalsando" progresivamente la economía: se retomaron las
"mini-devaluaciones", se propició la libre importación y se anuló
el control de precios. Sin embargo,
el tibio liberalismo de las nuevas medidas generaría una situación de inflación
permanente.
La Reforma
Agraria fue uno de esos proyectos que la Segunda fase del gobierno militar dejó
seguir casi por inercia. El
gobierno accio-populista tampoco contempló a la Reforma dentro de su programa
político pero en la práctica, sí implementó una serie de medidas para
desmantelarla.
A pesar que la
Reforma consiguió redimensionar la propiedad agraria, no fue suficiente para
elevar el nivel de ingreso del campesinado.
El problema del agro no era solamente la tenencia de la tierra sino la
presencia de un sistema de comercialización y de precios controlado por
diferentes grupos económicos.
El sistema
cooperativo no se consolidó en el país. A las contra-medidas legislativas se
sumaron los problemas de precio y de mercado, la falta de capacidad de gestión
de las nuevas empresas y la corrupción administrativa. Como consecuencia se
produjo la parcelación entre los socios de las CAP's del alto Piura mientras
que en el valle del Chira se redimensionaron, formándose cooperativas más
pequeñas.
Pero la
reestructuración no consistió únicamente en la división de la tierra: los
campesinos organizados desarrollaron también formas alternativas de tenencia y
usufructo de la tierra. A raíz de las invasiones de cooperativas (1978) en el
alto Piura (Chulucanas, Morropón y Salitral) surgen los Comités Campesinos y
las Cooperativas Agrarias de Usuarios. Estos
comités y las CAU's combinan la tenencia individual de la tierra con el uso
colectivo de la infraestructura, el equipo (maquinaria) y los créditos agrícolas.
Las variaciones generadas por la comunidad en el modelo cooperativo estatal, las
CCTs y las UCPs no sólo sobreviven sino que se consolidan.
Incluso las UCPs se expanden y "se exportan" de la Comunidad de
Catacaos a la de Castilla.
Por su parte,
en la sierra, los "Grupos Campesinos" empiezan a reclamar su
reconocimiento como comunidades campesinas. Estas antiguas formas de propiedad y
organización social, reestructuradas, terminarían generalizándose en la zona
andina de Piura.
La crisis económica y el desborde popular
El desgaste político
del gobierno acciopopulista y la continuidad democrática permitieron el ascenso
del APRA al poder bajo el
liderazgo
de Alan García. En el plano económico,
se implementó una política heterodoxa orientada a reactivar la economía.
Del relativo éxito inicial, se pasó a un acelerado proceso
inflacionario y recesivo sin precedentes: para la mayor crisis de la historia
peruana confluyeron el aislamiento del sistema financiero internacional y el
intento de nacionalización de la banca. Los índices inflacionarios en el país
alcanzaron niveles jamás pensados; en Piura mismo la inflación del último año
del gobierno aprista sobrepasó el promedio nacional: alcanzó más del tres mil
doscientos por ciento.
El desarrollo
del interior de país y la asistencia a las áreas marginales de las ciudades
fue parte de la política social de los gobiernos constitucionales. En el
primero se reactivó Cooperación Popular encargándosele la edificación de
infraestructura (colegios, postas, mercados) y la atención a las iniciativas de
los pobladores; en el segundo se creó el Programa de Asistencia al Ingreso
Temporal (PAIT) como medio para la realización de pequeñas obras pero sobre
todo para apoyar económicamente a sectores deprimidos de la población. También
se crearon las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDES) encargados
de administrar localmente los fondos para la implementación de estructura
regional y para apoyar acciones de desarrollo.
Desafortunadamente muchas veces estas instituciones fueron utilizadas política
y partidariamente.
A nivel
nacional, la década de los '80s está marcada por el crecimiento y el
desarrollo del movimiento popular organizado. Las rondas campesinas, las
asociaciones agrarias, los clubes de madre, los comedores populares, las
asociaciones barriales, etc. surgen ante la manifiesta incapacidad del Estado
para atender las necesidades y las demandas de una población cada vez más
urbana, de crecimiento explosivo, con mejor nivel educativo y mayor conciencia
de sus derechos. En medio de una
economía de crisis, la gente se organiza para mejorar sus condiciones de vida,
para su defensa o simplemente para la supervivencia.
En Piura, este
proceso se aceleró con la emergencia ocasionada por las lluvias del 83; muchas
de las actuales asociaciones populares surgieron en esta época. Algunas -clubes
de madres y comités del vaso de leche- se han consolidado tanto en el ámbito
urbano como en el rural y otras, en particular las rondas campesinas, han
logrado una fuerte representación local y se vienen consolidando como
organizaciones para el desarrollo.
Pero esta década
marca también el violento incremento del narcotráfico y la insurgencia de
grupos armados interesados en desestabilizar el gobierno constitucional.
La expansión y la impunidad de sus actos en contra de la sociedad junto
con las constantes violaciones de los derechos humanos, tanto por los grupos
terroristas como por las fuerzas del orden, han hecho patente la debilidad del
Estado y la falta de integración nacional alrededor de un proyecto común.
Democracia y regionalización: dos procesos
inacabados
La nueva
Constitución de 1979 contemplaba la regionalización del país como medio para
descentralizar la economía y la administración pública.
Recién cuatro años después de la promulgación del Plan Nacional de
Regionalización (1984) se crea la primera región que reúne nuevamente los
departamentos de Tumbes y Piura (1988). Casi
de inmediato la Región Grau fue dividida por su Asamblea Regional en tres
subregiones: Piura (Piura provincia, Morropón, Huancabamba), Luciano Castillo
Coloma (Sullana, Paita, Talara, Ayabaca) y Tumbes (Tumbes, Zarumilla,
Contralmirante Villar).
A nivel
nacional se crearon trece regiones, que alcanzaron
diferentes grados de institucionalización y representatividad las que
sin embargo, no pudieron llegar a consolidarse. Los cambios en la política interna truncarían el proceso.
Concluido el
gobierno de Alan García en total descrédito, la crisis general del estado se
manifiesta claramente en la creciente desconfianza en los medios políticos
tradicionales. Situación que se ve influenciada por el nuevo panorama político-económico
internacional: la ruptura del equilibrio de poderes post-segunda guerra mundial,
la nueva división del trabajo (este-oeste) con la desaparición del escenario
de los países del llamado tercer mundo, la creciente liberalización e
internacionalización de la economía. La caída del muro de Berlín es el signo
del cambio precipitado que dio la preeminencia al sistema político capitalista,
desplazando al socialismo como una opción de desarrollo.
El desencuentro
de la sociedad civil con el Estado genera una perdida de credibilidad en los
partidos como canales de intermediación y la lleva a buscar personas sin
trayectoria política pública. El
proceso catapulta, en menos de dos meses, a Alberto Fujimori a la Presidencia,
reviviendo en el interín la polarización social y religiosa de diferentes
sectores del país. Pese a las
promesas de corregir gradualmente la economía, se opta por un liberalismo
radical; la primera acción de este gobierno fue el desembalse de precios que
generó una hiper-hiper inflación (7,600% en Lima y 9,400% en Piura), medida
conocida como el Fujishock.
Con un
parlamento de oposición y en constante enfrentamiento con el ejecutivo, opta
por un autogolpe de estado tomando como pretexto la incapacidad de los
congresistas y su lentitud para legislar las medidas correctivas necesarias
sobre todo en los campos económico y antisubversivo; prioritarios de la línea
política del gobierno en el frente interno.
Poco tiempo después, bajo la presión internacional, Fujimori convoca
elecciones para un Congreso Constituyente Democrático (CCD) en el que logra la
mayoría parlamentaria.
Las
desacertadas políticas del gobierno aprista habían generado el aislamiento de
la comunidad económica internacional; el proceso de reinserción que se venía
dando se vio gravemente afectado por el autogolpe. Sin embargo, en el plano
nacional, se logra disminuir la tasa inflacionaria y asestar un duro golpe a la
subversión con la captura de algunos de sus líderes; hechos que fortalecen el
gobierno "democrático", marcadamente autoritario y centralista.
Como prueba, el desmantelamiento del proceso de regionalización y la
reimplantación de los departamentos como divisiones jurídico-políticas.
La fuerte
crisis del estado que se ha manifestado claramente con la presencia de políticos
"independientes", se deja sentir en todo el escenario nacional.
Los últimos comicios municipales, demostraron que en las provincias, la
opción por candidatos de prestigio local, vistos muchas veces como
independientes a pesar de pertenecer a un determinado partido, se combina con la
supervivencia de maquinarias partidarias.
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